Mouris Salloum George*
Obviamente, en el diseño de un nuevo Plan de Desarrollo Nacional, dadas las circunstancias críticas por las que atraviesa la República en todos los órdenes, el rango de prioridades ha de centrarse en los grandes problemas nacionales. ¿Cuál no lo es en estas horas?
Después del 1 de julio, a la luz de los resultados electorales, nos llamó la atención la declaración de la sinaloense Tatiana Clouthier, pieza fundamental en la campaña de Andrés López Obrador, cuando se le preguntó en entrevista televisada, cuál era la posición a la que aspiraría en la próxima administración federal.
La Secretaría de Asuntos no Importantes, contestó entre bromas y veras la entrevistada, que por lo pronto ha optado por ejercer la diputación federal a la que fue nominada por Morena. Ya está en San Lázaro.
Explicó Clouthier, con base en su experiencia política y su activismo en campaña, que hay miles de pequeñas magnitudes que viven millones de mexicanos que no encuentran instancias ni respuestas a problemáticas que los abruman en el acontecer cotidiano y, sin embargo, inciden profundamente en el bienestar familiar y en la tranquilidad personal.
Fue del dominio público que a la ahora diputada federal se le mencionó como futura titular de una de las subsecretarías de Gobernación (SG), que a partir del 1 de diciembre será ocupada por la ministra en retiro y ahora senadora, Olga Sánchez Cordero.
Desastres naturales: Amenazas a la paz y el desarrollo
Por la naturaleza y el alcance de las facultades y las funciones de la Secretaría de Gobernación -catalogada como responsable de la política interior-, es difícil jerarquizar desde fuera las prioridades de la denominada cuarta transformación de la República.
A fin de darle marco a este tema, empezamos por recordar que, en un estudio preparado para y divulgado en 2014 por el Foro Económico Mundial, de Davos, Suiza, al analizarse la escala de riesgos para la paz y el desarrollo mundiales, en primerísimo lugar se colocaron los efectos sistémicos que generan los fenómenos meteorológicos.
México es cimbrado y resquebrajado periódicamente por los sismos, y azotado anualmente, con rigurosa puntualidad, por los embates climatológicos.
Lo primero que se observa en esos casos -tenemos en la orden del día a Sinaloa y Sonora, sacudidos y devastados por una depresión tropical-, es la inoperancia de los sistemas de Protección Civil, área de la Secretaría de Gobernación.
Puesta la sociedad civil en condición de damnificada, la reacción automática de los gobiernos estatales y municipales es solicitar a la SG la declaración de emergencia, a la que sigue invariablemente el pedido de declaración de zona de desastre.
La acuciante contingencia se remite al Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), que tiene partidas específicas asignadas anualmente por la Cámara de Diputados, siempre limitadas de cara a la magnitud de la tragedia social.
Aquí entramos en materia, tomando como data las calamidades descargadas en 2005 por los huracanes en territorio chiapaneco. Se dispuso de inmediato el plan de reconstrucción. La cartera del Fondem fue requerida para esta obra.
En el contexto de la contingencia, se puso a flote la administración fraudulenta de los recursos de ese Fondo. Llegó a hablarse de más de tres mil millones de pesos. No hubo consecuencia jurídica.
Hacia 2010 todavía algunos ministros religiosos denunciaban el incumplimiento de los compromisos asumidos cinco años antes con las poblaciones del sur de Chiapas.
Huracanes 2013; terremotos 2017
En el actual sexenio, en 2013 en Guerrero y Baja California Sur, la devastación se hizo presente. Se echó manos a recursos del Fonden. Todavía en agosto pasado, a pesar de que se habló de la aplicación de más de 70 mil millones de recursos públicos en el Pla Nuevo Guerrero, airadas comunidades guerrerenses denunciaron una serie irregularidades en la gestión de ese dinero, perpetradas por una colusión entre contratistas y funcionarios públicos.
Para 2017 se presentaron los terremotos de septiembre: Los mismas promesas y las mismas consecuencias. Se declara que para la reconstrucción se ejercieron unos 48 mil millones de pesos.
Todos los días de septiembre, en Oaxaca, Chiapas, Morelos y en la Ciudad de México se observaron cientos de movilizaciones para reclamar que, tanto en los planes de reconstrucción de vivienda como de infraestructura de servicios públicos indispensables, no hay obra concluida 365 días después.
Retomamos el estudio del Foro Económico Mundial, referido a los “efectos sistémicos” de ese tipo de catástrofes. En su expresión mexicana, lo que la gestión fraudulenta de los recursos públicos configura, es un crimen de lesa sociedad. ¿Hasta cuándo?
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
