Leonardo Servadio*
La sesión extraordinaria del Parlamento español del pasado 25 de marzo, dejó una significativa imagen de la situación del país: solamente 43 parlamentarios estaban presentes, dispersos en el recinto guardando la sana distancia y los demás diputados conectados vía internet. Después que cada diputado dejaba el podio, un asistente con careta y mascarilla desinfectaba el lugar.
Pedro Sánchez, el presidente socialista del gobierno, estaba sentado en primera fila a la izquierda del presidente de la Cámara y dos asientos más allá, Pablo Iglesias, uno de los dos vicepresidentes y su socio de gobierno del partido Podemos. Las consortes de ambos están contagiadas de coronavirus y en cuarentena: consecuentemente, ellos también deberían permanecer en cuarentena como la canciller alemana Ángela Merkel y la reina Leticia, confinada por igual motivo. Ellos, no: son políticos latinos.
Entre los miembros del gobierno, tres contrajeron el Covid-19: Irene Montero compañera de Iglesias y ministra de Igualdad, la vicepremier Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial, Carolina Darías. Con la esposa de Sánchez, Begonia, todas tienen en común su participación en la manifestación feminista realizada el 8 de marzo en Madrid, cuando ya se sabía que la epidemia se expandía por el país.
Hoy, algunos amenazan denunciar a las autoridades de la capital española por haber permitido la manifestación. La capital es gobernada por el Partido Popular, de derecha, opositor al gobierno socialista encabezado por el PSOE-Podemos apoyados por una gran coalición de pequeños partidos nacionalistas, como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y se beneficia de la abstención de otros nacionalistas como el ERC catalán, de izquierda.
La manifestación fue apoyada y promovida por el gobierno nacional y entonces, la oposición no hizo objeciones a ella por razones de salud pública, apenas una crítica al feminismo demagógico.
Sin embargo, aún con el folclórico intercambio habitual entre el gobierno y la oposición, la sesión parlamentaria referida terminó con una unidad general: los partidos de centro y de derecha (Partido Popular, Ciudadanos y Vox) votaron a favor de la extensión hasta el 12 de abril del decreto aprobado el 14 de marzo, el cual impone un estado de emergencia en el país. Como se hizo en Italia, diez días antes, no se puede salir de casa, excepto por motivos comprobables relacionados al trabajo y todas las actividades consideradas no esenciales están suspendidas.
De hecho, en la capital, las calles están vacías y son patrulladas por drones y la policía ha aplicado decenas de miles de multas a ciudadanos recalcitrantes. Un estado policíaco, aunque temporal.
En el debate parlamentario, algunos, como el representante del pequeño Más País (disidencia de Podemos), Iñigo Errejón, integrante de la coalición gubernamental, criticaron las medidas restrictivas tomadas considerándolas insuficientes. Él y otros, incluyendo antagonistas políticos pidieron medidas más severas, como la paralización total de todas las actividades que no sean absolutamente esenciales. Al final, como se esperaba, la confrontación política fue demorada para después que pase la emergencia sanitaria.
Quedan dos preguntas: ¿Cuánto tiempo durará la emergencia y como reconstruir un tejido social y económico hecho añicos?
Los “expertos” –quienes por su parte parecen conocer muy poco ante este fenómeno relativamente nuevo- se basan en la idea de que el virus avanza como una gran ola, un lento tsunami, afectando gran parte de la población y creen que España está más o menos una semana detrás de Italia. El 25 de marzo había casi 57 mil personas infectadas en España (aunque nadie sabe la cifra correcta entre portadores sanos y personas con síntomas considerados leves que no ameritan hospitalización.
En España, antes de la crisis, había cerca de 3 800 camas disponibles para terapia intensiva, la misma proporción que en Italia, donde eran cerca de 5 800 antes de la pandemia (Italia tiene poco más de 60 millones de habitante y España, 46 millones). Y, a pesar del compromiso de ampliar rápidamente la infraestructura de hospitalización y terapia intensiva, tanto en Italia, como en poco tiempo España, fue necesario establecer un triage, mediante el cual las personas con menos posibilidades de sobrevivir no recibirían tratamiento, excepto en la mejor de las hipótesis, con paliativos, entre ellos enfermos de sida y personas con otras enfermedades.
Salud Pública orientada por el liberalismo
Un hecho que causó conmoción fueron las noticias de que, en algunos hospitales de Madrid, junto con Cataluña, la región más afectada del país, muchos pacientes eran dejados en los corredores y los hospitales, por su parte, no son lugares exactamente saludables; a pesar de los cuidados, el personal de salud infectado es muy numeroso -12% de los infectados según el periódico El País del 22 de marzo. Otras fuentes hablan de un 13.6% con un total de 5 400 médicos y enfermeros afectados, especialmente, en las áreas inicialmente alcanzadas por el virus, el país vasco y Madrid. Los equipos médicos hasta esta fecha no eran suficientes para proteger a todo el personal: mascarillas, caretas y otros materiales provienen primordialmente de China. Además, los recursos son reducidos, debido a los liberales que llevaron a una significativa reducción del número de profesionales de la salud pública en los últimos diez años, particularmente en la Comunidad de Madrid.
Otro efecto del liberalismo ha sido el aumento del número en los negocios de los hospitales, los cuales representan el 60% del total de los hospitales españoles. Y los hospitales privados no tratan con epidemias como la del Covid-19: después de la imposición del estado de emergencia y la requisición de todas las instalaciones para la emergencia, solamente 10% de los pacientes con coronavirus se atienden en hospitales particulares. Ahora, según El País del 26 de marzo, en vez de orientar médicos y enfermeras hacia las necesidades de la emergencia, se dedican a dimitir funcionarios porque las solicitudes de intervenciones quirúrgicas no inmediatas, obviamente, cayeron a cero.
Igualmente, ha causado conmoción una gran proporción de muertes en asilos y casas de retiro para enfermos de sida, de los cuales hay muchas en Madrid. En un caso, un hombre muerto fue hallado por casualidad en su cuarto, días después de su muerte, como si no hubiera supervisión médica, un ejemplo de cómo la emergencia está llevando al límite las estructuras organizadas de salubridad.
El problema es el mismo en cualquier lugar: no hay preparación para un suceso como este. Incluso los gobiernos que ya sabían de la epidemia en China, a inicios de enero, evidentemente, no percibieron el tamaño real del proceso y no tomaron las debidas precauciones.
Ahora, se espera que el pico de la epidemia se detenga en España con las medidas de aislamiento en vigor y la llegada de la primavera, dejando atrás las consecuencias de los cadáveres en los anfiteatros en espera de ser sepultados, como en las películas de guerra.
Y después ¿Qué pasará?
El futuro ya se vislumbra: El Banco Central Europeo (BCE) anuncia que seguirá con su política de “facilitación cuantitativa”, la versión contemporánea de la impresión de dinero, para permitir la circulación de liquidez. Una medida que solamente permite que grandes cantidades de riqueza nominal acaben en las manos de los sospechosos de siempre, capaces de manipular los mercados.
En vez de esto, la situación exige darle reversa a la tendencia ideológica impuesta por el liberalismo desenfrenado, a partir de la década de 1980. Hay agitación en esa dirección. Los gobiernos de los países del Sur de Europa piden la emisión de “eurobonds”, o la implementación de organismo centralizado de la deuda de los países europeos y la constitución de una piedra fundamental para la construcción de un sistema de armonización tributaria de la Unión. Es una buena idea y concuerdan con ella la España de Sánchez, además de Grecia, Eslovenia, Italia, Francia, Portugal, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, los cuales enviaron una carta al presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, pidiendo la definición de “un instrumento de deuda común, porque es necesario reconocer la seriedad de la situación y la necesidad de preparar medios ambiciosos para apoyar nuestras economías”.
Los países del Norte de Europa se oponen, comenzando por Holanda que, por razones todavía no aclaradas, no fueron alcanzados con tanta fuerza por la pandemia. Son los mismos que, en la época de la gran crisis de Grecia, en 2015, lo cual garantizó el desastre social de aquel país y el pillaje de la riqueza que quedó.
El hecho de que tantos países del Sur hayan encontrado un interés común implica, posiblemente, como ocurrió en la sesión plebiscitaria del 25 de marzo del Parlamento español (la cual finalizó a las dos de la mañana siguiente), que la pandemia del coronavirus pueda llevar a una reversión de las políticas del “Consenso de Washington” (laissez faire, privatización, austeridad, etc, el caballito de batalla de los partidos de centro-derecha). Pero, por supuesto, es muy temprano para aseverar esto y, en el ámbito europeo, algo así solamente podría ocurrir si Alemania estuviera del lado de los países económicamente más débiles.
Sin embargo, si esto no ocurre, será muy difícil mantener la unidad europea, después de la pandemia, y aquellos partidos ideológicamente separados que, en la sesión del 25 de marzo lograron encontrar la unidad de propósitos, volverán a luchar por todo y, probablemente, ya no les importará el interés común de la sociedad que, en el momento de emergencia, fueron capaces de reconocer y confrontar.
*MSIa Informa desde Madrid
