Los allanamientos judiciales a propiedades de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas el hallazgo de un “tóxico de contacto posterior al operativo, presentan anomalías”, denunció el abogado Carlos Beraldi.
Las irregularidades fueron hechas públicas por la exmandataria en sus redes sociales y por medio de un extenso comunicado en el que su abogado denunció que el juez Claudio Bonadío le impidió participar en uno de los allanamientos, lo que es ilegal dado su carácter de defensor.
Los sucesos se dieron el jueves pasado en el departamento de Fernández de Kirchner ubicado en Buenos Aires, en donde, además, después del allanamiento el personal de limpieza padeció una serie de malestares, lo que Beraldi calificó como “un hecho de extraordinaria gravedad”.
Especificó que la persona que suele limpiar el departamento ingresó el sábado al mediodía junto con otros dos ayudantes, pero mientras ordenaban la ropa y limpiaban estantes en el vestidor de la expresidenta sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar.
“Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas (…) se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva reexposición al mismo ambiente”, apuntó.
Por ese motivo , dijo, Fernández de Kirchner decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento.
Esto significa que ese material contaminante quizás fue colocado durante el allanamiento en el que no se dejó participar al abogado de la exmandataria y actual senadora.
Por otra parte, Beraldi se dio a la tarea de advertir que el allanamiento en la patagónica ciudad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada “con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana.
Los allanamientos judiciales realizados la semana pasada forman parte de una investigación en la que se le acusa a la exmandataria de encabezar una asociación ilícita junto con otros exfuncionarios y empresarios para cobrar millonarios sobornos.
