Diputados declaran constitucionalidad de reformas sobre extinción de dominio

 

En San Lázaro, Dolores Padierna, presidenta de la Cámara de Diputados en turno, emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Artículo 22 y la fracción 30 del Artículo 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio.

 

Luego de darse cuenta de la recepción de 20 oficios de congresos locales que avalaron la reforma constitucional y en medio de aplausos, Padierna declaró reformados dichos artículos y turnó a la Cámara Alta para sus efectos constitucionales.

 

Los oficios recibidos son de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto.

 

MENSAJE FIRME CONTRA LA IMPUNIDAD

Al fijar postura, el diputado Arturo Hernández Tapia, de Morena, advirtió que con ello dan señales de que nadie puede enriquecerse ilícitamente y sostuvo que se trata de la primera reforma constitucional que inicia y concluye esta legislatura.

 

El compromiso es recuperar la confianza de los ciudadanos y que tengan la certeza que el delito se paga y que los bienes utilizados por la delincuencia pasarán a propiedad de todos los mexicanos.

 

El legislador priísta Cruz Juvenal Roa Sánchez aseguró que se manda un mensaje firme contra la impunidad y reafirmó que en su bancada continuará trabajando por un mejor país para combatir la impunidad y la corrupción.

 

A DISPOSICIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

La corrupción y el crimen organizaron se mueven por ambición económica y el Estado tiene todas las herramientas para cortar de tajo la acumulación de bienes en manos de los grupos delincuenciales, sostuvo Iván Rodríguez Rivera, del PAN.

 

El diputado del partido del sol azteca Antonio Ortega Martínez, señaló que su bancada está convencida de la necesidad de que los bienes producto del delito se pongan a disposición de la hacienda pública, a fin de que sirvan a las personas que hayan sido afectadas por la delincuencia de manera directa o indirecta.

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