Mouris Salloum George*
En grado y medida, mucho depende de los poderes fácticos.
Para decirlo de manera convencional, de los factores reales de poder.
En la correlación de fuerzas en una democracia representativa, las del poder económico terminan por imponer su ley.
Del movimiento armado, que culminó en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, emergió el Derecho revolucionario. De ahí que su producto fue la primera Constitución Social en el mundo.
La democracia es lo que los teóricos tipifican como “la sociedad misma en acción”.
El Derecho revolucionario entonces, como paradoja, dio oportunidad a los poderes de la contrarrevolución.
Ese proceso -política, económica y socialmente disolvente y regresivo-, tuvo como palanca el Poder Constituyente Permanente; esto es, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, como poder revisor.
En esa inhumana matriz, se gestó el Estado Neoliberal mexicano, jalonado por el Derecho Corporativo Global: El de los poderes de grandes y depredadores corporativos empresariales trasnacionales y sus agentes internos.
En la reciente conmemoración del aniversario de la Constitución, se descartó la idea de convocar a un nuevo Congreso Constituyente.
Hace unos días, se dio por muerto el neoliberalismo como política de Estado.
Es compromiso del Ejecutivo. Toda iniciativa para tal efecto funeral, no obstante, tiene que pasar por la criba del Poder Constituyente Permanente, que ahora tiene facultades de aprobar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Dicho en términos de suspicacia ranchera: Ahí es donde la puerca tuerce el rabo.
