El 19 de abril los pueblos originarios de Argentina deberían haber celebrado su día patrio. En esa fecha, el país sudamericano festeja la reivindicación cultural, el reconocimiento de derechos y la identidad de las comunidades indígenas en todo su territorio, estimada en casi un millón de personas.
Sin embargo, la propagación del covid-19 ha cambiado los planes para uno de los sectores más vulnerables y postergados por el Estado.
Desde que se inició el año, antes del estallido de la pandemia, los pueblos originarios habían captado la atención de los medios: siete niños de la comunidad aborigen wichí, en el norte del país, murieron por desnutrición en tan solo unos pocos meses.
ESCENARIO DESOLADOR
La escasez de agua potable y cloacas; la imposibilidad de acceder a hospitales y a una educación inicial; los trabajos informales de sus integrantes, sumado al desfinanciamiento por parte del Gobierno de Mauricio Macri al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ─ente encargado de velar por los derechos aborígenes─, dieron como resultado un escenario desolador en numerosos establecimientos.
El presidente, Alberto Fernández, había expresado su preocupación respecto a la mortalidad infantil en aquellas poblaciones y calificó al hecho como “vergonzoso”.
Aunque el Gobierno se comprometió a revertir la alarmante situación, la aparición del coronavirus en el país a mediados de marzo pospuso toda intervención directa, agudizando aún más la problemática.
Aunque por el momento no se ha reportado ningún caso de contagio por covid-19 en las poblaciones indígenas, las medidas de confinamiento obligatorio y el cese de las principales actividades económicas han profundizado su crisis social.
