El diputado Julio de Vido, quien fuera el ministro más poderosos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, se entregó este miércoles a la justicia después de que la Cámara de Diputados votara su desafuero.
En una jornada conmocionante para la política del país sudamericano, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero con 176 votos a favor y una abstención, después de lo cual efectivos de Gendarmería fueron a detenerlo a su casa.
El diputado optó por entregarse él mismo en los tribunales.
CORRUPCIÓN EN MULTIMILLONARIAS OBRAS
De Vido, de 68 años, fue ministro de Planificación e Inversión Pública durante los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2015) y desde ese cargo ejecutó multimillonarias obras públicas hoy bajo la sospecha de corrupción.
El oficialismo ya había intentado expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados en julio pasado para quitarle su fuero parlamentario, pero no lo logró porque varios legisladores argumentaron que no existía el pedido de un juez.
La situación del exministro cambió la semana pasada, cuando dos jueces solicitaron su desafuero y detención por diferentes causas judiciales.
DESVÍO DE RECURSOS
El primero fue el juez Luis Rodríguez, quien investiga el desvío de 265 millones de pesos (alrededor de 15 millones de dólares) en las obras de un yacimiento carbonífero, en un caso en el que De Vido es acusado de “defraudación a la administración pública”.
Después, el juez Claudio Bonadío procesó y solicitó la prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación del desvío de seis mil 900 millones de dólares en la compra de gas natural licuado.
Bonadío embargó por mil millones de pesos (casi 60 millones de dólares) a De Vido y por el mismo monto a Roberto Baratta, ex mano derecha del ministro y quien ya fue detenido.
ACUSACIONES INFUNDADAS, DICE DE VIDO
La víspera, De Vido pidió licencia como diputado, en un último intento de conservar el fuero, pero la solicitud le fue rechazada.
En una misiva, el exministro explicó que las acusaciones en su contra son infundadas y que “es la privación ilegítima de mi libertad la única motivación que persiguen dichas solicitudes, ya que como señalé más de una vez, en mi caso mis fueros nunca existieron”.
