En un documento de trabajo, al que tuvo acceso El Sol de México, se establece que para el monitoreo en redes se tomarán en cuenta palabras claves como narcotraficante, Ejército, Marina, militar, policías, alcalde, cártel, pandilla, extorsionador, entre otras.
En una primera etapa, el mapa de riesgo para los periodistas se levantará en Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo.
Para el caso los defensores de derechos humanos esta cartografía se elaborará en la capital, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. El mapa es la representación cartográfica o georreferenciación de las agresiones cometidas.
Estas medidas serán instrumentadas de manera paralela a la discusión de la reforma en la materia que se discutirá en el Congreso el próximo periodo ordinario de sesiones.
Desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, 452 personas solicitaron estar en el programa, pero sólo 183 han sido incorporadas. Lo anterior representa un incremento de 66 por ciento respecto a finales de 2018, cuando se acogieron 110. En total, el mecanismo protege a mil 86 personas, de los cuales 721 son defensores de derechos humanos, y 365 periodistas.
Además, se establece que uno de los focos rojos para la aplicación de este modelo de seguridad para periodistas y activistas es que sólo en 12 estados hay Unidades Estatales de Protección, y la mayoría de ellas no tienen el personal y los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada.
En 2012 fue aprobada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a partir de la cual se delineó el funcionamiento de este modelo de protección, integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
El diagnóstico muestra que cada año aumentan las solicitudes de ingreso al mecanismo. Mientras en 2012 hubo 35 solicitudes para 2018 esta cifra se elevó a 235.
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