Elecciones en México, ¿problema de legalidad o de legitimidad?

 

Mouris Salloum George*

Aunque no es privativo de México, el gran problema de la democracia representativa a la mexicana radica en dos debilidades: El pánico a la autenticidad y la falta de voluntad política de quienes tienen la sartén por el mango.

 

La piedra va dirigida a los tres Poderes de la Unión. El Tribunal Constitucional no pasa ileso la prueba del ácido.

 

En un ensayo en el que cuestiona los remedios contra la corrupción, un jurista estadounidense pone el acento en lo que tipifica como lex simulata.

 

La denuncia el autor como conducta de los legisladores que, para sacudirse la presión social del momento, dictan leyes sobre las rodillas a sabiendas de que no se encontrará en el Ejecutivo el ánimo para aplicarlas. Leyes Cleenex, diríamos nosotros: Pañuelos desechables.

 

Privilegios para la partidocracia y más poder al Estado 

Después de la Gran Reforma Política 1977-1978, sobre todo en el fallido periodo de la transición democrática, el Congreso la Unión se ha prodigado en un montón de reformas electoreras; algunas importadas; otras, ocurrencias folclóricas.

 

En estricto rigor, los legisladores han emitido ordenamientos legales sólo para ensanchar los privilegios de la partidocracia. Otros, ciertamente, han generado ciertas expectativas, agotadas en el intento ciudadano por lograr su observancia, frustrada en las propias instancias jurisdiccionales, más inclinadas a ampliar el poder del Estado que a proteger las garantías de la gente.

 

Vamos al grano: Una larvada intencionalidad mediática de ciertos partidos y grupos de poder real, fue presentar en cierto momento la pugna presidencial del 18 con un desenlace en una votación a tercios; esto es, simular un empate técnico entre tres de los contendientes mejor posicionados en la intención del voto.

 

A la luz de las encuestas de las que resultan dos frentes partidistas dominantes, los que manipulan las cajas de resonancia reducen las posibilidades a dos beligerantes.

 

En la misma dirección, esos intereses dan por hecho que los resultados del 1 de julio, serán muy cerrados.

 

Las usurpaciones de 1988 y 2006

Dada la poca confiabilidad de los árbitros electorales, algunos analistas plantean desde ahora, no un problema de “legalidad”, sino de legitimidad.

 

Tomamos dos expedientes que van contra la democracia: En 1998, Carlos Salinas de Gortari urdió un pacto con uno de los frentes opositores para obtener la legitimidad de gestión, ya en ejercicio del poder.

 

En 2006, Felipe Calderón Hinojosa se fue al otro extremo: Para legitimarse, desencadenó una guerra interna por la que los mexicanos pagan costos mortales que no acaban de ser cuantificados, ni existe propósito de terminar con el baño de sangre.

 

Resistencia a instituir la Segunda Vuelta Electoral

Desde la sucesión presidencial de 2006, no pocos politólogos mexicanos creyeron encontrar una salida al conflicto, proponiendo la segunda vuelta en la elección presidencial.

 

Quienes detentan el poder, se han resistido a esa opción, confiando en que, al final del día, los magistrados electorales federales saben cómo hacerlo a la hora de calificar la validez de la elección y nombrar Presidente, seguros como están de que sus sentencias son definitivas e inatacables.

 

Documentamos esa actitud: En 2014, hace pues cuatro años, al Senado se introdujo una iniciativa ciudadana (figura inscrita en la Ley de leyes), en la que se demandó una reforma constitucional para implantar la Revocación de mandato y la Segunda Vuelta Electoral en el caso de la elección presidencial.

 

En el primero de los preceptos, algunas legislaturas estatales han dado ya pasos adelante. No está dentro de sus facultades legislar sobre el segundo, de competencia del Congreso de la Unión.

 

Sin embargo, en el marco de las actuales campañas presidenciales, ya se han expresado voces que, en plena exacerbación de la conflictividad, concluyen que una salida pacífica “sería” la Segunda Vuelta.

 

No hay espacio para el optimismo: El plazo para emitir ordenamientos a fin de regular un proceso específico, quedó agotado desde hace diez meses.

 

Ya no se trata de hablar de gatopardismo. Se trata de que la marrana nunca suelta la mazorca que trae en el hocico.

 

Contra este instinto zoológico hay pocas defensas. No bastan ni los pocos ni los muchos votos populares. Con cuatro de siete votos de los magistrados electorales federales, asunto resuelto.

 

Lo dicho, la democracia representativa no va, si no hay verdadera voluntad política.  

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

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