No es la primera vez en la historia de Alemania que los más altos magistrados del país necesitan tomar decisiones cuyos efectos van más allá de una mera evaluación jurídica. En la década de 1930, Carl Schmitt, el entonces jurista en jefe de Alemania, justificó perversamente la adopción de leyes de emergencia (Notverordnungen) para usarse en la imposición de la dictadura nazi.
Está claro que no hay aquí la menor intención de comparar a la Alemania de hoy con la del pasado. Sencillamente, queremos resaltar que, en todos los lugares del mundo, las decisiones económicas y políticas más importantes son una prerrogativa absoluta de los gobiernos, por las cuales deben asumir la total responsabilidad, sin delegarlas a otras instituciones.
No por iniciativa propia, el Tribunal Constitucional Alemán de Karlsruhe fue llamado a decidir sobre la plena legitimidad de las medidas monetarias no convencionales de “flexibilización cuantitativa”, implementadas en los últimos años por el Banco Central Europeo (BCE).
En la sentencia dictada días atrás, el Tribunal de Karlsruhe no manifestó alguna crítica a la “flexibilización cuantitativa”, sino que solicitó al gobierno alemánque aporte, en un plazo de tres meses, elementos que demuestren que los objetivos de política monetaria relacionados a la compra de títulos públicos de los países miembros del BCE están relacionados a los efectos de la política económica y fiscal del programa en cuestión.
Las palabras utilizadas son muy fuertes. La sentencia afirma que las medidas adoptadas por un organismo europeo “no están cubiertas por competencias europeas” y por tanto, “no pueden ser válidas en Alemania”.
De la respuesta del gobierno alemán dependerá también una eventual participación futura del Bundesbank en el programa de compra de títulos del BCE.
Este último, en verdad, no deberá tener mucha dificultad para demostrar la proporcionalidad hasta ahora implementada con el PSPP (Public Sector Purchase Program). Recuérdese que, entre marzo de 2015 y finales de 2018, el BCE invirtió cerca de 2.6 billones de euros en títulos públicos y otros títulos de deuda.
A propósito, el Banco de Italia alega comprar títulos públicos italianos en el mercado secundario, con riesgo enteramente soportado por su balance. El principio se aplica hacia las compras de títulos públicos hechas por el BCE, tanto italianos como de otros países de la zona del euro, y los títulos emitidos por entidades supranacionales europeas, que juntos representan un 20%del total del programa PSPP, observando el principio de compartimiento de riesgos entre los bancos centrales nacionales del sistema del euro, con base en sus propias cuotas de capital.
La declaración responde a una acción de 2015, suscrita por un grupo de políticos abiertamente críticos de la Unión Europea (UE), incluyendo al partido de extrema derecha AID (Alternativa para Alemania), organizaciones que levantaron una cuestión de inconstitucionalidad de las políticas públicas de compra de valores mobiliarios iniciadas por el entonces presidente del BCE, Mario Draghi. Según decían, Frankfurt había violado las restricciones de los tratados europeos, al violentar una prohibición de financiamiento de deuda de países miembros.
En nuestra opinión, el Tribunal tomó la única decisión posible: colocar a Berlín directamente en cuestión, a fin de expresar con total responsabilidad política a sus intenciones pasadas y futuras en relación hacia la política económica de la UE y al papel soberano del BCE en la definición política monetaria europea unificada.
Ahora, no solamente el gobierno alemán, sino de hecho todos los demás países europeos, serán obligados también a emitir una opinión concreta sobre el futuro de la UE. Para empezar, no se podría seguir con una política monetaria conjunta y una moneda única manteniendo políticas fiscales completamente nacionales.
La decisión de Karlsruhe, sin embargo, no entró en el nuevo programa temporal denominado Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, siglas en inglés), el cual busca combatir los riesgos de la política monetaria y de las perspectivas de crecimiento resultantes de la propagación de la pandemia de Covid-19. El PEPP anticipa compras adicionales de títulos públicos y privados en una cantidad de 750 mil millones de euros para todo el año 2020.
En todo caso, toda vez que la compra futura de títulos soberanos nacionales de cualquier país de la Unión siempre podría ser vista como una violación de los tratados, la respuesta, a nuestro ver, estaría justamente en la realización del llamado Fondo de Recuperación, con el poder de emitir títulos. Nada más, sin embargo, títulos de Estados singulares, pero títulos europeos comunes en todos los aspectos (“eurobonds”). Serían instrumentos adecuados de deuda, que el BCE podría comprar sin problemas y sin riesgo de inconstitucionalidad.
Un segundo aspecto relevante es respecto a la prevalencia o no de la jurisdicción europea sobre las nacionales. De hecho, si los derechos nacionales fuesen considerados superiores al derecho europeo, habría el riesgo de un conflicto continuo relacionado a los poderes de la toma de decisiones en el ámbito europeo. Entonces, la UE se vería continuamente en riesgo de sobrevivencia. En el caso en pauta, era exactamente así. El Tribunal de Karlsruhe no reconoció, “como absolutamente no comprensible”, una decisión preliminar del Tribunal Europeo de Justicia, que, sin embargo, aprobó el programa de compra de títulos, en diciembre de 2018.
Si, desgraciadamente, se afirmara la primacía de las constituciones nacionales, se diría que los Estados-Miembros de la UE quedarían, de hecho como los “padrinos” de los tratados europeos. Como resultado, la UE seguiría siendo una entidad confederada, y no federal, basada en el principio de competencia, y no más de solidaridad. Es exactamente lo opuesto de lo que sería necesario para enfrentar también la actual emergencia pandémica. Sería el fracaso de la propia idea de una Europa unida, la cual, inevitablemente, acabaría explotando en poco tiempo. Sería un desastre hasta para Alemania.
*MSIa Informa
