Este mes de enero de 2018 será clave en los procesos judiciales que se efectúan en contra de exgobernadores corruptos, entre ellos, por ejemplo, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, y Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. El 2017 fue uno de los años más sucios para el partido gobernante, y todo parece señalar que se comenzará el año con una importante toma de decisiones en cuanto a los cargos que enfrentan sus militantes.
Para el caso de Duarte, enero será de forma particular un mes decisivo para los juicios que pesan en su contra, ya que el día 22 se vence el plazo que un juez federal le otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) para completar su investigación; además de que se realizarán, en fechas aún por determinar, dos audiencias donde la Fiscalía de Veracruz le imputará nuevos delitos.
Desde julio pasado, cuando fuera deportado desde Guatemala, Javier Duarte vive recluido en el Reclusorio Norte, y su arresto se vive ya sin mayores contratiempos; lavado de dinero y delincuencia organizada son los dos delitos más graves que pesan sobre sus hombros, y de acuerdo a lo que establece el nuevo sistema penal acusatorio, la PGR tiene un plazo de seis meses para terminar sus investigaciones, y declarar, o no, culpable al imputado y dictarle por fin sentencia.
Este plazo, como señalamos arriba, acabará el 22 de enero y ese día se efectuará una audiencia intermedia, donde los fiscales de la PGR mostrarán su acopio de evidencias al juez, y de manera oral, buscarán probar ante él y frente a la defensa, la culpabilidad del ex mandatario. La defensa de Duarte, a cargo de Marco Antonio del Toro, buscará por su parte desvirtuar tales acusaciones y llevar a su defendido a una sentencia reducida.
Esta audiencia intermedia es, empero, una fase anterior al juicio oral propiamente dicho; y por tal, Duarte tendría las prerrogativas de declararse culpable, y desechar la necesidad del juicio y enfrentar una sentencia menos grave; también podrían desecharse algunas acusaciones donde hubiera controversia.
Para las audiencias con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz: serán hechas en la Ciudad de México, y no en el estado, gracias al amparo que le ganó la defensa de Del Toro. En ellas se buscará sumarle al ex gobernador los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.
Las principales causas de estas audiencias serán las del desvío de al menos $220 millones de pesos, tomados de la Comisión Estatal del Agua, y depositados a otras cuentas sin que fueran repuestos nunca. La segunda causa es la del uso indebido de un helicóptero de la Fiscalía del estado, para escapar al sur del país, una vez que Duarte fue advertido de que existía una orden de aprehensión en contra suya. Ambas causas se encuentran asentadas en expedientes de la Fiscalía con los folios, respectivos, de 38/2017 y 56/2017.
4 de enero se extradita a Borge
El pasado 30 de diciembre fue del conocimiento público que Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, sería extraditado finalmente a nuestro país, tras cinco meses de encarcelamiento en la prisión El Renacer, de Panamá. Aunque su defensa intentó por varios medios detener la repatriación, la Suprema Corte de este país los declaró todos improcedentes y dictaminó el 15 de diciembre que Borge tendría que ser extraditado.
Mónica de León, portavoz de la cancillería panameña, fue quien precisó que el día 4 de enero, a las diez de la mañana, las autoridades mexicanas recogerían al acusado en un avión oficial, completando el proceso de extradición.
Padrés, quizá, libre en enero
El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, podría quedar libre en este mes, después de pasar más de 13 meses tras las rejas por los delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada; aunque, después de que estos dos últimos fueran desestimados por la PGR, gracias a los trabajos de su defensa, Padrés podría quedar libre ya que la evasión fiscal no requiere de la privación de la libertad.
A decir del propio Padrés, él es inocente y es un “perseguido político” del gobierno mexicano; etiqueta que también adoptó Carlos Villalobos, su ex secretario de Hacienda, acusado de desviar al menos $6000 millones de pesos que recursos públicos.
El 31 de diciembre pasado, se informó que Villalobos Organista había sido reaprehendido por las autoridades estadunidenses (país al que había ingresado buscando asilo político) y que sería deportado a nuestro país en breve. También en enero Villalobos Organista podría enfrentar a la justicia de México.
