España cerró la medianoche de este lunes sus fronteras terrestres para «contener la expansión del coronavirus», anunció el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La entrada en el país por vía terrestre sólo se permitirá a ciudadanos españoles, residentes en la nación ibérica, personal diplomático acreditado y a quienes aleguen «causas de fuerza mayor», detalló el ministro.
SITUACIÓN INÉDITA
Los españoles viven su primer día laborable de cuarentena por el coronavirus con una mayor concienciación del problema, mientras las autoridades aprueban nuevas medidas para asegurar el funcionamiento del país en esta situación inédita.
España, segundo país europeo más afectado después de Italia, anunció este lunes cerca de mil 500 casos más de Covid-19 en las últimas 24 horas, con un total de 9 mil 191 infectados, y 309 fallecidos, frente a los 288 del día anterior, informó el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
El país vive confinado después de que el gobierno decretara el estado de alerta e impusiera serias restricciones al movimiento de personas durante al menos 15 días, en un intento de frenar la escalada de contagios.
La región más afectada es Madrid, con 4 mil 165 casos y 213 fallecidos.
MORTALIDAD DEL 3%
El funcionario señaló que la mortalidad en España está siendo de «en torno al 3%», y avisó de que según el escenario más pesimista el país estará «por lo menos 10 días subiendo» en el número de infecciones.
Ante el aumento exponencial de casos en los últimos días, el gobierno español decretó la noche del sábado el estado de alarma e impuso serias restricciones de movimientos a sus habitantes.
Según estas medidas, los 46 millones de habitantes del país sólo pueden salir de casa para comprar alimentos o medicinas, cuidar a personas dependientes o ir a trabajar cuando no puedan hacerlo a distancia.
Todos los comercios y servicios no esenciales -escuelas, museos, restaurantes y centros deportivos- están cerrados en la totalidad del país.
Además, el gobierno de Pedro Sánchez dictó que todas las instalaciones de la sanidad privada quedan a disposición de la administración pública de salud.
