España tendrá que indemnizar a una madre por no haber protegido a su hija, quien fue asesinada a los 7 años por su propio padre. Ángela González había abandonado a su marido años antes y presentó varias denuncias por violencia, pero la justicia no retiró el derecho del hombre para ver a la niña sin supervisión.
En 1999, Ángela abandonaba junto a su hija Andrea, de 3 años, la casa familiar donde vivía junto a su marido y padre de la pequeña. Con su divorcio quiso poner fin a la violencia que sufrían a diario.
Presentó múltiples denuncias por malos tratos. A pesar de ello, la justicia dictaminó que la pequeña Andrea debía seguir viendo a su padre en un régimen de visitas sin vigilancia.
15 AÑOS DE LUCHA LEGAL
“Se la entregaron tres horas los jueves de cada semana. Tiempo que él estuvo esperando durante tres años, para finalmente hacer lo que estaba anunciado: matarla”, afirma Ángela González, víctima de violencia de género.
La mató cuando Andrea tenía 7 años. Después él se suicidó. Quince años han pasado desde entonces, los mismos que lleva Ángela litigando en diferentes tribunales en busca de justicia.
“A mi hija la asesinaron porque no se la protegió. Fue algo que no me cansé de pedir, protección y vigilancia para ella. Para la justicia prevaleció más el interés de un padre maltratador”, denuncia Ángela González.
Pese a los continuos rechazos de sus reclamaciones, Ángela nunca perdió la esperanza. Tras 15 años en los que el caso, incluso, se llevó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, ahora el Tribunal Supremo español le da la razón y condena al Estado a indemnizarla con 600 mil euros.
