Estados Unidos dio la orden a los familiares de los diplomáticos estadounidenses en Nicaragua de que abandonen la nación debido a la crisis que ha dejado al menos 27 muertos, y autorizó a los funcionarios que lo deseen a salir también de la nación centroamericana.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que “ordenó la salida de los miembros de familias de personal del Gobierno de Estados Unidos y autorizó la salida del personal del Gobierno de Estados Unidos”.
También aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que “reconsideren” sus posibles planes de viaje a Nicaragua, debido a las protestas que son “poco predecibles” y en algunos casos han resultado en “heridos y muertes”.
Al menos 27 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en cinco días en Nicaragua, donde también se han producido saqueos a comercios y daños a la propiedad pública en el contexto de unas protestas desatadas por una reforma a la seguridad social.
El Gobierno de Daniel Ortega se dio a la tarea de derogar este domingo esa reforma para tratar de contener la violencia, pero la tensión sigue en el ambiente en Nicaragua, donde hay nuevos llamamientos a marchas.
“Las manifestaciones suscitan típicamente una fuerte respuesta (policial) que en el pasado ha incluido el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y munición contra los participantes, y en algunos casos ha degenerado en saqueos, vandalismo e incendios provocados”, indica la nota del Departamento de Estado.
Ayer, Estados Unidos llamó a un “diálogo amplio” que incluya a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto por los derechos humanos y lograr un futuro “mejor y más democrático” para todos los nicaragüenses.
“El Gobierno de los Estados Unidos lamenta la pérdida de vidas y las lesiones sufridas en Nicaragua durante las protestas de sus ciudadanos”, señaló en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
“Condenamos la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión”, continuó Nauert.
Estados Unidos también solicitó al Gobierno de Daniel Ortega que permita a los comunicadores “operar libremente y restablecer toda la cobertura televisiva” e instó a los dirigentes nicaragüenses a realizar una investigación independiente y enjuiciar a los responsables de las muertes.
