El ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, señaló que el ex fiscal Rafael Castellanos y la actual titular de la Fiscalía Central, Marisela Gómez Cobos, fueron los que arrendaron los tráileres en los que hay más de 250 cuerpos.
En conferencia de prensa, pidió al gobierno del estado “frenar el espectáculo” de las amenazas de más despidos y liberar a la institución de la responsabilidad.
Rechazó tajantemente la interpretación de los artículos 36 y 50 de la Constitución local, así como del 13 de la Ley Orgánica del IJCE, que el gobierno estatal evocó para justificar su despido.
SE ABARRATÓ
Recordó que al dar aviso de la saturación de cuerpos hace dos años, Rafael Castellanos, entonces fiscal central, optó por alquilar un tráiler y lo dispuso por casi dos años hasta que se abarrotó.
“No fue del interés del gobierno del estado resolver la problemática ni la precariedad en el IJCF, a pesar de que el instituto es el alma de la procuración de justicia”, señaló.
Insistió en que al momento que los cuerpos salieron del IJCF “dejaron de ser responsabilidad del instituto”.
SE DIO LA ORDEN
Explicó que dos patrullas de policías pasaron por el tráiler con cadáveres para trasladarlo y no hubo ningún documento de firma porque no era necesario, “ya se había dado la orden”, detalló.
Cotero pidió al gobierno estatal realizar una investigación de verdad y dijo que si no hubo orden de la Fiscalía, “abrir una carpeta de investigación por robo del tráiler con cadáveres”.
Indicó que a la fecha suman más de 250 los cadáveres en dos tráilers, pero aseguró que son 763, entre cadáveres y cenizas sin identificar.
TEME POR SU VIDA
El ex director del IJCF reiteró que teme por su vida “por la inseguridad” y dijo que a la fecha no ha sido notificado siquiera de su escisión del cargo, pero él ya se presentó a firmar la entrega del instituto.
“Siempre pedí y fueron ignoradas mis peticiones”, recalcó y pidió que se les asigne “un sueldo decoroso” al personal que levanta cuerpos en condiciones de alto riesgo sanitario y devengan un sueldo de 7 a 8 mil pesos mensuales.
Cotero agradeció al gobernador haberle permitido “servir en esa institución”.
