Los procuradores y fiscales de justicia de la nación se pronunciaron contra la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala, porque dijeron que no es la autoridad facultada y solo causa una afectación al orden jurídico nacional.
“El pronunciamiento lo que hace es ver eso, precisamente un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que se dictó; un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una Comisión de Justicia y Verdad”, dijo Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México.
En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla, y vocero de los titulares de procuración de justicia, dijo que el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, es una clara contravención al texto, pues vulnera el principio de supremacía constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público.
El 31 de mayo, el Tribunal Colegiado ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala porque aseguró que la indagatoria de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, no fue “imparcial” e independiente y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados.
En la condena se detalla que los miembros de la comisión tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense.
En la sentencia se cita que todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la CNDH. Las diligencias incluso podrán ser practicadas en las instalaciones del organismo de derechos humanos.
También puntualiza que los peritos que participen en la comisión deberán ser independientes y pertenecer a instituciones públicas o privadas.
