Jeff Sessions, fiscal general, anunció el pasado viernes que podría obligar revisar miles de casos de inmigrantes que han podido quedarse en el país gracias a que un juez decidió cerrar su caso sin emitir dictamen al respecto.
El cierre administrativo supone un respiro para los inmigrantes que han pedido la ciudadanía, la residencia u otro tipo de visados, lo que les protege de la deportación mientras se procesa su petición. Hay cerca de 350 mil personas afectadas, casi la mitad por casos durante los ocho años de presidencia de Barack Obama, según ha informado el Departamento de Justicia.
Los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia, lo que otorga a Sessions un amplio margen de maniobra a la hora de intervenir sobre sus procedimientos de trabajo. El problema es que, al mismo tiempo, el fiscal general quiere terminar con el retraso de 650.000 casos pendientes en cortes migratorias.
Este viernes, el fiscal general intervino en el caso de Reynaldo Castro-Tum, un guatemalteco que llegó a Estados Unidos en 2014, cuando aún era un niño. Sessions demandó a la corte saber qué autoridad tiene para ordenar el cierre administrativo del caso, bajo qué criterios, y qué capacidad tiene él para revocar ese poder o ponerlo en cuestión legítimamente.
Las preguntas iban dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional, al propio Castro-Tum y al resto de partes en el proceso. Una vez recibida la respuesta, antes del 9 de febrero, emitirá instrucciones de carácter general para todos los jueces de migración.
