Para que el INE pudiera organizar la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para finales de octubre, en principio tendría que realizarse una reforma constitucional que le permitiera hacerla, debido a que la Ley lo mandata a organizarlas sólo en año electoral.
Desde julio pasado, consejeros del Instituto como Ciro Murayama, Claudia Zavala y Marco Baños, entre otros, consideraron inviable realizar la consulta de la que habló el entonces candidato ganador Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo, por los mandatos Constitucionales actuales.
Ahora que está por concluir el año electoral 2017-2018, el siguiente será en 2020-2021.
El actual proceso electoral ya concluyó en la parte de la elección presidencial y terminará antes del próximo 29 de agosto, fecha en la que asumirán sus cargos los nuevos legisladores.
GASTO ONEROSO
Si se pudiera pensar en reusar materiales electorales de la pasada elección para instalar casillas, no gastar en capacitación a funcionarios, pensar en 88.9 millones de boletas impresas en papel bond (sin papel seguridad ni candados que utiliza el INE para elecciones federales) estaría estimándose en 20 centavos por boleta, es decir se tendrían que invertir, por lo menos 17.8 millones de pesos para garantizar el voto a todos los posibles electores del país.
Otro ejemplo: para la elección interna del PRD, el INE cobró 100 millones de pesos, lo que fue equivalente a 12 mil pesos por casilla, ya incluyendo materiales, capacitación a funcionarios, boletas, mamparas y urnas (reutilizadas del INE).
Si las condiciones de la consulta popular fueran parecidas a las de la elección perredista, el costo de garantizar la posible participación de los 89 millones de electores en Lista Nominal, ascendería a unos mil 800 millones de pesos.
El presupuesto del INE para organizar tres elecciones federales en 2018, sólo para las elecciones (sin recursos para partidos ni presupuesto base del INE) fue de 7 mil millones de pesos (2 mil 300 millones por cada elección, incluyendo todos los candados de seguridad a los que obliga la ley en boletas y formatos electorales)
LO QUE SEÑALA LA LEY
Desde julio pasado, consejeros del Instituto como Ciro Murayama, Claudia Zavala y Marco Baños, entre otros, consideraron inviable realizar la consulta de la que habló el entonces candidato ganador Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente Electo, por los mandatos Constitucionales.
El Artículo 35 de la Constitución establece que las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República por el equivalente a 33% de los integrantes de las Cámaras de Diputados o Senadores, o bien impulsadas por dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.
En este caso, para que la consulta pudiera operar por la actual vía legal, tendría que solicitarla el Congreso de la Unión, toda vez que el Presidente Electo toma protesta hasta el próximo 1 de diciembre y se planea que la consulta se realice a fines de octubre.
Sin embargo, el INE estaría impedido para hacerla en esa fecha, si no hay reformas Constitucionales, y el Congreso tendría que dotarlo de los recursos necesarios para la organización.
INE, NO HA ORGANIZADO NINGUNA CONSULTA POPULAR
En 2014, cuatro grupos de ciudadanos decidieron iniciar el procedimiento para recolectar firmas y pedir la anuencia de la Corte para realizar el mismo número de consultas populares en las elecciones intermedias de 2015.
Las cuatro se quedaron en el tintero, luego de un gasto de 30 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral invirtió para verificar 13 millones de firmas de apoyo que entregaron los cuatro interesados en las consultas ciudadanas.
