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La Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAE) estudia tres proyectos de infraestructura para reforzarla ocupación y el desarrollo de la Amazonia brasileña: una planta hidroeléctrica en el Río Trombetas, un puente sobre el Río Amazonas en Óbidos (PA) y la ampliación de la carretera BR-163 hasta Surinam.
Aunque todavía no hay una previsión presupuestal ni estudios de impacto socio-ambiental, la intención del gobierno es que los proyectos sean determinados vía decreto presidencial e inicien hacia el segundo semestre del 2020.
Según informó a la agencia UOL un funcionario no identificado, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro pretende implementar los proyectos para resaltar la intención de materializar la soberanía de Brasil en el Canal Norte del Río Amazonas.
El gobierno ha manifestado su preocupación con iniciativas internacionales como el llamado Corredor Triple A de la Fundación Gaia Amazonas colombiana, la cual propone la interconexión de una multiplicidad de unidades de conservación y tierras indígenas en Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Surinam, Guyana y Guyana Francesa, y el Sínodo de la Amazonia a realizarse en el Vaticano en octubre de este año qué dará énfasis a un supuesto impacto negativo por las actividades del desarrollo para los pueblos de la región (UOL, 24 de enero de 2019).
En entrevista para la Voz de Brasil, el secretario de Asuntos Estratégicos, general Maynard Marques Santa Rosa, afirmó que la iniciativa tendrá el nombre de Proyecto Barón de Río Blanco. Dijo:
“Inicialmente, el presidente editará un decreto y este instituirá el Proyecto Barón de Río Blanco, en homenaje al gran diplomático, clave en la resolución de cuestiones de Amapá, de Japura y de Acre. (…) La población de la Amazonia tiene a10 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Ya no es posible seguir cerrando los ojos hacia esa región y tratarla como un latifundio improductivo. Es necesario integrar al Canal Norte al aparato productivo nacional, para desarrollar entonces oportunidades de trabajo y riqueza para esa población” (Red Nacional de Radio, 19 de enero de 2019).
La disposición del gobierno, manifestada en la iniciativa de la SAE, representa un giro de suma importancia en la visión de los proyectos de infraestructura para el desarrollo de la Región Amazónica, casi diametralmente opuesta a la prevaleciente en las últimas décadas de hegemonía del aparato ambientalista-indigenista en la formulación de políticas públicas, considerando a priori semejantes proyectos como generadores de impactos socioeconómicos a evitarse, en lugar de ser vectores de progreso.
Bajo esta distorsionada óptica, incluso el asfaltado o la duplicación de carreteras como la BR-163, fundamentales para la integración física de la región, fue proyectado y obstaculizado durante décadas, perjudicando el desplazamiento de personas y las actividades económicas dependientes del transporte carretero, principalmente, en la época de lluvias.
