Reyna, una fémina saltillense retornó a México en el 2016 tras vivir varios años en el extranjero, específicamente en Alemania, donde ella vivió junto a su pareja, un aleman con quien ella había contraído matrimonio y había formado una familia teniendo tres hijos; Mariel de 10 año, Erick de 8 años y Johan también de 8 años.
Comenta que todo empezó debido a que el papa de los niños se quedó sin trabajo, a la vez que ella consiguió uno en Saltillo. Al verse en una situación económica incierta para ella y sus hijos, puesto que la carrera en Derecho que ella realizó no se encuentra reconocida en Alemania.
Al conseguir el trabajo, que constaba de un contrato de prueba de tres meses, ella le comenta al papa de los niños, e inicialmente él se encuentra de acuerdo con que la madre se trasladara con los hijos, firmándole un permiso y también comprando dos de boletos de los niños.
Tras cumplirse el plazo acordado de tres meses, Reyna logra que le extiendan el contrato, al comentarle eso al padre de los niños, este le pide que le regrese a los niños, sin embargo, aún no conseguía trabajo.
Dentro de toda la situación el padre solicitó la restitución de los niños a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y está dependencia gubernamental acepta, aunque lo hace sin conocer las condiciones socioeconómicas de ambos padres, según comentó la madre.
Por lo que se inicia un juicio que duró al menos dos años, y durante este, los niños le decían a su madre, que no entendían la necesidad del juicio, si ellos querían quedarse con su madre en México, por lo que Reyna solicita que una psicóloga evalúe la condición de los niños, y termina concluyendo que se encuentran con la madurez suficiente como para tomar una decisión.
Tras lo cual, Reyna se presenta el lunes 16 de abril con sus tres hijos frente a la juez Cristina Aguirre Martínez, se percata que elementos de Fuerza Coahuila se encuentran en la entrada, además también el padre se encontraba en el juzgado, para ver la declaración de los niños. Junto con él, se encontraba personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la PRONNIF y sus abogados.
Casi al finalizar la declaración de los niños, estos dicen que quieren quedarse a vivir en México, aunque la juez no les preguntó. Terminada la declaración, la juez indica que dictará sentencia en 20 minutos, situación que la madre crítica, puesto que concluiría un caso de dos años con un enorme expediente, a solo un mes de haber recibido el caso.
¿Cómo vamos a tener una autoridad que no lee la jurisprudencia?
Aunque un poco antes, le pregunta a la representante de Relaciones Exteriores si tiene algo que agregar y ella responde, que los niños deben ser repatriados al extranjero inmediatamente. Acto seguido la juez Cristina Aguirre Martínez declara que Reyna sustrajo a los niños de manera ilegal (ignorando el permiso que el padre firmó), que estaban siendo obligados a vivir en México y que debían de regresar a su lugar vivienda habitual.
Señala Reyna que la juez ignoró un mandato de la Suprema Corte de Justicia que dicta que los niños no pueden ser repatriados inmediatamente luego de haber vivido un año en el país de retención, independientemente de la legalidad de su estancia, ya que debe medirse primero el daño psicológico que la acción tendrá.
Tras la pregunta de un periodista, Reyna afirma que se trató de un acto de corrupción por parte de las instancias gubernamentales. Ya que tras haber declarado la sentencia, la juez entregó los niños al padre en lugar de entregarlos a una estancia gubernamental además de no permitir llevar a cabo un amparo.
Con información de El Debate
