A causa de la crisis sanitaria por la presencia del coronavirus en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de medidas cautelares en favor de los pueblos originarios que habitan en la península de Yucatán para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspenda las actividades no esenciales relativas al megaproyecto denominado Tren Maya.
Este exhorto es resultado de la petición colectiva de comunidades mayas que habitan las zonas donde serán instaladas las vías del tren, pues dada la estrategia de reactivación económica propuesta por el gobierno federal en que la industria de la construcción es considerada esencial, se pone en riesgo sanitario a las zonas que han permanecido aisladas para evitar contagios de COVID-19.
Desde el pasado 6 de mayo, por medio de un escrito de 37 cuartillas, los habitantes de la península pidieron a la CNDH que exigiera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una abstención de “realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto denominado ‘tren maya’, es decir, para que no se ejecute ese proyecto de obra para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues de continuar se pondría en peligro a la población en general, dado que nos encontramos en medio de la contingencia generada por el virus COVID-19”, abundaron en el escrito.
De este modo, aquello que se quiere detener provisionalmente son las actividades de licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, pues el establecer contactos no necesarios pone en riesgo la vida y la integridad de las personas.
“El proyecto del tren en el sureste mexicano no se ha detenido atentando contra la salud y la vida de millares de personas indígenas y no indígenas en la región. Estas actividades de ejecución del nombrado Tren Maya representan un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de todos los gobernados ya que avanzan mientras que la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia”, se lee en el texto de las comunidades mayas.
Por esta razón, el “Organismo Nacional Autónomo, garante en la defensa y protección de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de la región”.
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