El portal de la revista Proceso publicó un interesante reportaje donde asegura que la boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva Hernández, de por sí polémica, tiene además antecedentes marcados por el escándalo.
Dicho artículo lleva el nombre de ” La novia, un compendio de escándalos y contradicciones”. Aquí te dejamos el texto íntegro:
La boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva Hernández, de por sí polémica, tiene además antecedentes marcados por el escándalo.
Tras su encarcelamiento en 2016 –acusada de haber obtenido ilegalmente un predio en una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla–, en 2017 Silva Hernández pasó a ser calificada públicamente como perseguida política del exgobernador poblano Rafael Moreno Valle.
Protagonizó en prisión una huelga de hambre en la que acusó al gobierno estatal –entonces a cargo de Antonio Gali Fayad– de vejaciones, abusos y torturas; y 16 meses después la también empresaria causó sorpresa al invitar a ese mandatario poblano –considerado continuador del morenovallismo– para ser testigo de su enlace matrimonial.
Antes del predicamento de aparecer junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en la portada de la revista ¡Hola!, López Obrador había tenido que sortear la situación de firmar como testigo al lado de Gali Fayad justamente el día en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminaba el conteo voto por voto de la elección para gobernador de Puebla.
La presencia de Gali y la ausencia de Barbosa –quien dijo no haber sido invitado a la boda– se prestaron para las especulaciones, además de poner en evidencia la división cada vez más notoria dentro de Morena-Puebla entre quienes dan apoyo total al exsenador y quienes han tendido puentes con el morenovallismo y sí acudieron al evento.
La ahora esposa de Yáñez Centeno era ubicada como una de las víctimas y acérrima enemiga del morenovallismo, pero en la última semana el sector barbosista de Morena en Puebla filtró a los medios locales información que la cubre de sospechas.
El columnista Fermín Alejandro García publicó el viernes 5 en La Jornada de Oriente que Silva Hernández habría tratado de intervenir en los hechos del 3 de julio, en el hotel poblano MM, cuando los morenistas supuestamente detectaron un laboratorio electoral del PAN.
Según esa información, que fue confirmada por fuentes de Morena a esta reportera, les sorprendió que ese día la entonces novia de Yáñez Centeno se comunicara a los celulares del diputado local José Juan Espinosa y del senador Alejandro Armenta para pedirles que se retiraran del sitio, pues su incursión violenta no tenía el respaldo morenista y “ponía en riesgo el triunfo electoral de López Obrador por la Presidencia”.
“Queda la duda”, cuestiona el columnista, “de por qué si esta mujer estuvo presa en Puebla durante la parte final del gobierno de Moreno Valle, el pasado 3 de julio actuaba como si fuera una aliada del morenovallismo”.
Barbosa aseguró en ese entonces que se habían recibido múltiples llamadas para pedirles que se retiraran, pues en el lugar había quedado atrapada la candidata panista a gobernadora, Martha Érika Alonso Hidalgo.
También se especuló sobre la presencia de Federico González Magaña, consejero del Instituto Estatal Electoral, lo que habría puesto en evidencia la confabulación del órgano electoral a favor de la esposa de Moreno Valle.
Aparte de este supuesto intento de Silva por intervenir en los hechos del hotel MM y la participación de Gali Fayad como su padrino, según los morenistas, hay otras evidencias que se prestan a sospecha, como las facilidades que tuvo para la logística de la boda.
La colocación de vallas en las calles, la participación de la policía con trajes de gala, el transporte en trolebuses de la Secretaría de Turismo y la sede del festejo en el Centro de Convenciones Puebla, propiedad del gobierno estatal.
Los cargos
Dulce María Hernández Silva es originaria de Huamantla, Tlaxcala. En 2015 intentó ser candidata a alcaldesa por Morena en ese municipio, lo que propició su acercamiento con la causa de López Obrador y, por ende, a su entonces vocero, con quien contrajo nupcias el 29 de septiembre.
La familia de la novia es propietaria de la empresa Embutidos Silva, que maneja las marcas Carnelli, Kual y El Cerdito, entre otras, que tienen una amplia presencia en el mercado del centro-sur del país. Ella asegura ser empresaria de la construcción y tener una fundación altruista llamada Dulce Silva.
La relación sentimental entre ella y Yáñez salió a la luz en octubre de 2016, cuando El Universal publicó cuatro grabaciones que ponían en evidencia los intentos del vocero de López Obrador por negociar la libertad de su novia con el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Las grabaciones, atribuidas a las redes de espionaje que tenía a su servicio el mandatario poblano, mostraban a un desesperado Yáñez dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su pareja.
La conversación con Carlos Meza, el abogado de confianza del exgobernador Manuel Bartlett, revelaban la posibilidad de que la moneda de cambio para la liberación de Silva Hernández podría ser un acuerdo para que el entonces senador no atacara a Moreno Valle.
Silva Hernández había sido detenida el 10 de marzo de 2016 en Cholula, en el sexenio de Moreno Valle, que concluyó en enero de 2017. Fue trasladada al penal de San Miguel, en Puebla.
Se le acusaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues supuestamente había aportado 30 millones de pesos al grupo inmobiliario Verhome, S.A. de C.V., propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien a su vez estaba preso desde 2010, acusado de haber defraudado a más de 7 mil ahorradores.
El 8 de marzo de 2017, cuando estaba por cumplirse un año de su encarcelamiento, Silva inició una huelga de hambre para exigir atención para su caso. Vía telefónica aseguró a los medios que su detención tenía como origen el interés del exgobernador Moreno Valle de despojarla de un terreno de 6 mil metros cuadrados en la exclusiva zona comercial de Angelópolis.
Aunque la empresaria aseguró que la cesión del terreno, cuyo valor se estimaba superior a 4 millones de dólares, partía de un acuerdo de negocios con los Moranchel para construir ahí un desarrollo inmobiliario. Desde la cárcel, el empresario negó haberle otorgado los derechos sobre la propiedad que él pretendía usar para negociar su libertad con las personas que fueron defraudadas por su empresa.
Narró que Silva le había ofrecido sus servicios para resolver su situación legal, que consistía en buscar un acuerdo con todos los ahorradores defraudados para resarcir el daño y accedieran a retirar los cargos; sin embargo, que la empresaria acabó por quedarse con el predio.
El gobierno estatal, por su parte, aseguró que el empresario había optado por ceder la propiedad del terreno a Silva como una forma de evitar que lo aseguraran dentro del juicio de fraude que se seguía en su contra.
La situación del predio nunca fue aclarada por la empresaria, quien sí denunció que Moreno Valle le envió a la cárcel a emisarios, como Juan Pablo Piña y Enrique Flota, en ese entonces funcionarios del gobierno estatal, para obligarla a ceder la propiedad a un fideicomiso y luego intentar obligarla a venderlo en un precio mucho menor al real.
La tortura
Araceli Bautista, integrante del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, dice haber sido testigo de las torturas y maltratos de los que fue víctima Silva Hernández en su estancia en el penal de San Miguel.
“Había una reclusa que la perseguía, que la golpeaba, que se dedicaba a hostigarla día y noche; le hizo la vida de cuadritos”, recuerda.
Refiere que la empresaria fue detenida a los pocos días de que había salido de una operación de la tiroides y, a pesar de su condición, se le negaba el acceso a medicamentos y la atención médica. También relata que en los separos de la Fiscalía General del Estado, el día de su detención la empresaria tlaxcalteca fue obligada a desnudarse entre expresiones agresivas y humillantes por parte de los policías.
Además menciona que recurrentemente recibía visitas de emisarios de Moreno Valle que la hostigaban y sometían a amenazas, sobre todo que levantarían cargos contra sus padres si no accedía a entregarles los terrenos que estaban a su nombre.
“Le decían cosas despectivas, como referirse a su padre como el carnicero, porque se dedica a los embutidos; es decir que la hacían sentir que ellos podían hacer con ella y con su familia lo que quisieran”, narra la activista y militante de Morena.
Además, en el área de mujeres del penal de San Miguel los servicios sanitarios son letrinas y están infestadas de ratas y cucarachas. En el año y dos meses que estuvo presa no se le permitió ver a su hija adolescente y se le restringieron las visitas. Aunque Yáñez viajaba todos los fines de semana, sus encuentros eran siempre con la certeza de que los espiaban y grababan.
De hecho, Bautista cuenta que para ingresar a visitarla ella tenía que dar información de otra reclusa para luego buscar a Silva en el interior del penal. Agrega que una vez fue descubierta con la empresaria en la visita, lo que generó que los directivos del reclusorio la retuvieran en un área y la amenazaron con levantarle cargos.
En cambio, asegura que la novia de Yáñez se mostraba solidaria con la situación de las demás reclusas en el interior del penal, al grado de que parte de su huelga de hambre fue para visibilizar las carencias que sufrían. Además dice que le consta que con su propio dinero compró más de 100 colchonetas para regalárselas a las internas.
“Creo que ella tiene mucho coraje por lo que le hicieron, porque sí fue un trato brutal”, manifiesta Bautista. “Creo que ella hace esta boda tan lujosa para que todos la vean; es como decirles: ‘Miren con quién se metieron; ahora ustedes van a comer de mi mano, cabrones, por lo que me hicieron’”.
Durante seis meses la activista originaria de San Bernardino Chalchihuapan visitó a la empresaria tlaxcalteca en la prisión. El 22 de mayo de 2017 Silva Hernández obtuvo su libertad mediante un amparo.
–¿Te invitó a la boda? –le pregunto.
–¡Claro que no! –responde con una sonrisa.
