Mouris Salloum George*
Desde que empezaron a documentarse los horrores de La guerra sucia, palpable a partir de los terribles sucesos del 2 de octubre de 1968, una demanda incesante e irrenunciable de la sociedad civil mexicana, es la institución de una Comisión de la verdad sobre los crímenes sociales y políticos del pasado.
La exigencia se volvió clamor colectivo cuando, en los años noventa, prominentes figuras de la vida pública fueron ejecutadas y comenzó a hablarse de la restauración de los crímenes de Estado.
El primer sujeto obligado exigido por organizaciones no gubernamentales, fue el Archivo General de la Nación y concretamente los expedientes clasificados de la Dirección General de Seguridad (DFS); cuerpo encargado del espionaje y la represión de los movimientos sociales y políticos en el viejo régimen.
Aunque sea parcialmente, se logró acceder a los archivos reservados, siempre protegidos bajo la coartada de asunto de Estado y, obviamente, de Seguridad Nacional.
Todo terminaba en inaceptables verdades históricas
Algo de sospecha había en el Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (Cisen), sustituto de la DFS que, en el periodo de Santiago Creel Miranda en la Secretaría de Gobernación, se dejó en sueños ese organismo, sin que se procediera definitivamente a su liquidación.
Durante lo que va de las recientes tres décadas, la literatura política mexicana fue sembrada de “inobjetables” verdades históricas sobre la conclusión de investigaciones relacionadas con los casos judiciales más controvertidos, como el reciente de los 43 de Ayotzinapa.
A partir de los procesos electorales federales del sexenio pasado, con la excusa del riesgo de intromisión del crimen organizado en la actividad electoral, los propios partidos políticos solicitaron que fuera el Cisen el que investigara y trazara el perfil de los candidatos antes de su registro legal.
Hubo denuncias concretas en el sentido de que esos expedientes podrían ser manipulados por los partidos en el poder para intimidar y disuadir a los aspirantes a puestos de elección popular.
Fin a 90 años de secretos… a voces
La nueva administración federal dispuso la desaparición del Cisen. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó terminar con 90 años de secretos en casos de ocultamiento de crímenes atribuible a agentes del Estado y de privación a la sociedad de libertades y derechos consagrados por la Constitución, que en algunos casos incluyeron la proscripción de partidos no gratos al gobierno.
Hacemos votos porque, como solía ocurrir en otros periodos, deje de esgrimirse el pretexto de la protección de datos personales y la Seguridad Nacional, y se conozca todo lo que deba conocerse en servicio a la salud de la República: La verdad nos hará libre, dice una antigua máxima filosófica. Vale.
