La Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Economía y Justicia las iniciativas que el presidente de la República envió al Congreso para su discusión y eventual aprobación.
LA LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA
Enviada a la Comisión de Economía, plantea la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, un observatorio ciudadano y una estrategia en la materia que permitan homologar trámites en el país, reducir costos de regulación y detectar malas prácticas.
Entre sus objetivos está propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica en el que se supriman las excesivas cargas regulatorias; garantizar la creación de reglas claras y brindar certeza jurídica a los ciudadanos y a los sectores de desarrollo.
Argumenta que la excesiva regulación no permite que las empresas más productivas desarrollen su potencialidad.
AGILIZAR LA JUSTICIA
En tanto, las iniciativas de ley enviadas a la Comisión de Justicia, en materia de justicia cívica y resolución de conflictos, buscan agilizar la justicia para la población a través de mecanismos alternativos.
La iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias busca la creación de Instituciones especializadas en los poderes judiciales y entidades federativas y un Consejo Nacional que delimiten el proceder de arreglos en conflictos entre particulares.
Será aplicable en conflictos en materia civil, familiar, administrativa y en zonas comunitarias, quedando excluidas controversias en materia fiscal.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) serán homogeneizados en todo el país y sus servicios aplicarán en el Poder Judicial de la Federación, poderes judiciales locales e instituciones privadas.
CONSERVAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO
Finalmente, la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante establece que cada municipio o demarcación territorial operará una estructura con un juez, secretario, defensor de oficio, médicos, policías y un facilitador a fin de “conservar la paz social y el orden público”.
La normativa homologa bases que guiarán el desarrollo de la actuación de los juzgados cívicos con el objetivo que la justicia y la cultura cívica sean eficaces.
Además, cada estado contará con una base de datos con las personas sancionadas, ya sea por amonestaciones, multas, arrestos y servicios a favor de la comunidad.
