Llama la ONU-DH a “actores legitimados” a interponer amparos contra la Ley de Seguridad Interior

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) “desaprobó” hoy la polémica Ley de Seguridad Interior y se dio a la tarea de urgir a los “actores legitimados” a interponer amparos en caso de que Enrique Peña Nieto promulgue la norma.

La ONU-DH, que en múltiples ocasiones manifestó su oposición al proyecto de ley –junto con otras agencias de la ONU–, deploró en un comunicado que el Senado y la Cámara de Diputados adoptaran el texto “sin una deliberación efectiva, a pesar del inédito consenso nacional e internacional en (su) contra” y no obstante el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto para ampliar el diálogo.

Subrayó  que “sólo con la adopción de un enfoque de seguridad ciudadana, el fortalecimiento e independencia de la procuración de justicia, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuentas, entre otras acciones, México superará la situación crítica en que se encuentra”.

En caso de que el proyecto de ley fuese promulgado, la ONU-DH alentó a los actores legitimados “a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que la ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”.

En las últimas semanas, las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el proyecto de ley provocaron tensiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que el pasado martes 5 envió una carta al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, en la que descalificó los señalamientos realizados en contra del texto.

En la misiva, el gobierno aseveró que “no es correcto afirmar que una ley de seguridad interior afectará negativamente los derechos humanos”, y líneas más abajo añadió: “Rechazamos que la eventual aprobación del proyecto pueda conllevar una militarización de la seguridad pública”

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