A dos semanas de la puesta en marcha del programa de verificación vehicular, Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, alertó que de los 57 establecimientos autorizados sólo operan 46 pues, tres fueron clausurados por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y 11 se encuentran en obras.
“El 12 de mayo de 2017 se publicó en la página de Internet de la Sedema, la lista de verificentros ganadores por lo que tuvieron un poco más de un año para instalar y operar los centros de verificación, el 31 de marzo de este año, debieron estar terminados y corriendo pruebas, pero le dieron una prórroga al 25 de junio y finalmente el 2 de julio tenían que estar en operación, tal como lo pronosticó está asociación, el inicio ha sido un caos y lleno de irregularidades” explicó Torres.
Así, los 46 verificentros que están en operación son insuficientes y al cierre de mes los capitalinos se quejan de una saturación. “Si con 74 verificentros, en ocasiones no podían atender la demanda, menos con 49 se podrá atender al 100%, pues muchos tienen líneas fuera de servicio” denuncia Torres.
NO SE RESPETAN LAS CITAS
Explicó que, hay innumerables quejas de los automovilistas debido a que no se respetan las citas o se empalman, se pierden de dos a tres horas para pasar la verificación, se bloquean constantemente las líneas, no se imprimen resultados, se cae el sistema al capturar los datos o al realizar la prueba vehículos de reciente modelo y se les otorga hologramas tipo uno a pesar de estar en buenas condiciones mecánicas, no cuentan con enlace de Internet, en varios establecimientos.
También mencionó que los verificentros no cuentan con la línea de Verificatel para que el usuario presente sus quejas o sugerencias, ni se proporciona información suficiente que le permitan a automovilista conocer ampliamente los motivos del rechazo.
Mencionó que, en su oportunidad, la asociación que representa, denunció ante la opinión pública las irregularidades en la entrega de concesiones a los nuevos centros de verificación ya que algunas de las personas físicas o morales que lograron obtener entre una y siete concesiones no contaban con ninguna experiencia en el ramo.
Fustigó que al establecer demasiados requisitos se hace más difícil el cumplimiento de la medida ambiental y que esto ha provocado que cerca de 2 millones de vehículos se han reemplazado en otras entidades, como el Estado de México y Morelos ocasionando un daño los ingresos de la Secretaría de Finanzas por más de mil millones de pesos.
