Los hechos vividos en Culiacán, Sinaloa, donde se capturó momentáneamente a Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, y uno de los principales líderes de una facción del cartel de Sinaloa, mostró la realidad de las fuerzas armadas y de la estrategia desplegada por el gobierno mexicano para resolver el problema de inseguridad en México.
El Estado, es una instancia generada por las personas para asegurar, entre otras cosas, uno de los derechos básicos que es la vida, por lo que se le dota de recursos financieros, materiales, legales, humanos, etc., para que construyan diversas capacidades que le permitan garantizar la vida y propiedad de las personas que lo integran.
Sin embargo, el Estado mexicano ha perdido dichas capacidades durante los últimos 15 ó 20 años, donde se ha visto enfrascado en una dinámica no únicamente de inseguridad, sino de violación constante a los derechos de las personas, corrupción, incapacidad, simulación, y un conjunto de problemáticas que hacen de esta condición, el espacio más amplio de vulnerabilidad estatal, pero fundamentalmente social.
El gobierno mexicano, se ha visto incapaz no únicamente de resolver, si no también de plantear estrategias viables y eficientes para afrontar dichas problemáticas. El que las personas electas sean incapaces, no redime a aquellas fuerzas del Estado que han recibido durante años, recursos y la formación suficiente para poder estar en condiciones de lucha contra la inseguridad.
Resulta por demás inverosímil, que esas fuerzas del Estado que han recibido recursos no únicamente para su información sino equipamiento y elementos para incrementar su capacidad, hayan capturado, al parecer de manera casual, a uno de los capos más buscados por su influencia y su ascendencia en el contexto del crimen organizado, sino que resulta irrisorio que le hayan dejado ir, bajo el argumento de preservar la seguridad y la paz de la ciudad en donde fue originalmente detenido.
En buena medida, porque eso nos muestra una de las principales debilidades que inexorablemente exponen ahora a esas fuerzas armadas, a una condición de inferioridad con respecto al crimen, pero donde además generan incentivos de impunidad para aquellas personas que cometen actos ilícitos, porque en el momento en el que alguien sea detenido y se genere una reacción, como la que hemos visto ya en varias ocasiones pero que nunca habían concluido en la liberación del detenido, pueda quedar libre por el miedo del gobierno.
Esta acción lleva a varias preguntas, porque se evidenció no únicamente una mala estrategia si es que la intención había sido capturar al hijo del Chapo, sino que si de acuerdo a la versión las autoridades fue casual que se le encontró, evidenció una cosa peor que es una falta de capacidad de respuesta ante una situación en donde era necesario desplegar fuerzas adicionales ¿el ejército mexicano o la guardia nacional no tenía fuerzas que pudieran auxiliar al grupo que había retenido a esta persona? ¿que la zona militar donde se resguardaron después las fuerzas armadas, no tenía las capacidades para desplegar una fuerza que pudiera contener, no únicamente lo que ocurrió en las calles, si no la presión ejercida por esta persona en su detención? ¿que el ejército y la Guardia Nacional no tienen desplegados, en un estado conocido por su intervención en el mercado de drogas en México y el mundo, la fuerza suficiente como para poder combatir y contener las actividades que los grupos criminales pueden realizar en diversos momentos? ¿cuál es la capacidad real que tiene la guardia nacional, el ejército mexicano, y la Marina, a varios años de que se desplegó una estrategia para combatir el crimen?
Hay muchas más preguntas cuya respuesta es muy probable que nunca llegue, pero lo cierto es que las fuerzas armadas pueden no tener la responsabilidad completa de lo que ocurrió. Esas respuestas recaen en el conjunto de autoridades civiles que han tenido bajo su responsabilidad el ejercicio de la política de seguridad durante los últimos años. La respuesta expresada reflejó a un gobierno blandengue, miedoso y sin la confianza necesaria para afrontar una situación de crisis como la que le puso ayer en jaque. Pero esa respuesta también implicaría responsabilidad para quien tomó la decisión de dejar ir al detenido, con un uniforme militar.
Fuente: Forbes
