El gobierno federal mandó una misiva al Alto Comisionado de la Organización Naciones Unidas (ONU) Zeid Ra ‘ad Al Hussein; en donde expresó que el organismo no tiene el panorama completo de la situación actual del país al hacer un llamado a los diputados y senadores a no aprobar la Ley de Seguridad Interior.
El documento destaca que es motivo de sorpresa que el funcionario de la ONU haga este pronunciamiento en contra de una ley que aún no es oficial y que no ha sido totalmente aprobada.
Además se dio a la tarea de declarar que Al Hussien no tiene información suficiente sobre las actividades del crimen organizado en México y que no se consideran tres factores que influyen en la posible aprobación de esta ley como lo son:
- La existencia de la frontera México-Estado Unidos, la cual es el mejor mercado para la venta de drogas y de recursos ilimitados para los criminales.
- La persistencia del tráfico de armas de alto calibre que se realiza en la mencionada frontera y cuyos cargamentos proceden del Sur de los Estados Unidos.
- Rebasando por mucho el equipo con el que cuentan las policías locales y que a veces está a la par del ejército.
Otro punto en el que hace hincapié el gobierno de México en la incapacidad de las policías locales de combatir a los criminales y que la población se siente más en confianza con los militares ante la situación que se vive. Incluso se manifiesta que la media será temporal y que se busca salvaguardar lo derecho humano y no vulnéralos como se ha especulado.
Por último la carta mandada a la ONU, explica que lo que se busca es que en un plazo máximo de un año, las Fuerzas Armadas entreguen el control y la responsabilidad de la seguridad a los cuerpos policíacos municipales y estatales para que en tanto se capaciten y profesionalicen para dichas tareas.
