El colegio particular Morelos de Chilapa fue cerrado después de que las administradoras del plantel escolar, un grupo de monjas guadalupanas, dejaron este sitio, dio a conocer el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Ello debido a que los padres y la hermana de una religiosa fueron ultimados y desmembrados, comunicó el prelado durante una homilía realizada este fin de semana en la iglesia de la Asunción en el centro de la capital de la entidad.
Se trata de la pareja hallada junto a los cinco artesanos indígenas descuartizados el pasado 30 de enero y la joven de 18 años que posteriormente fue localizada decapitada, el 3 de febrero en Chilapa, indicó Rangel Mendoza.
En la edición del periódico El Sur de este día, se reveló que el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa dio a conocer que la monja guadalupana -hija y hermana de las víctimas-, escapó de Chilapa junto con un grupo de religiosas de la misma congregación que administraban el colegio particular Morelos “por miedo a la violencia y los niños que atendían quedaron abandonados”.
El colegio Morelos constituye uno de los planteles más antiguos y reconocidos de Chilapa, se localiza en el 502 de la calle Revolución en el barrio de San Francisco y actualmente imparten educación básica a por lo menos 500 alumnos de nivel primaria y secundaria, informaron fuentes del plantel.
El obispo Salvador Rangel indicó que no va a guardar silencio ante la dramática situación de impunidad y violencia que se vive en la entidad y advirtió: “A ver quién se cansa primero, él o yo”, en referencia al gobernador Héctor Astudillo Flores.
La semana pasada, el jerarca católico dio a conocer públicamente que el mandatario le demandó vía telefónica que dejara de hacer declaraciones y calificó la llamada como “ríspida”.
No obstante, Rangel Mendoza ha manifestado públicamente que el gobierno de Astudillo pretende difamar a las víctimas de la violencia y minimizar el grave problema de inseguridad que se vive en la entidad para justificar la inoperancia gubernamental.
Remembró que, en su momento, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia y el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, criminalizaron a las ocho víctimas de Chilapa, entre ellas la familia de la monja que administraba el colegio Morelos y después vincularon con el narco al sacerdote de Mezcala, Germaín Muñiz, quien fue asesinado junto al presbítero Iván Añorve, cuando ambos regresaban de una fiesta en Juliantla, la madrugada del lunes 5 de febrero en Taxco. Foto: suracapulco.mx
