El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.
Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado “mentalmente incapaz” para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.
NO PISÓ LA CÁRCEL
Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013.
No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.
Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.
FIGURA DE GENOCIDIO
El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial.
Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.
Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.
Fuente: /elpais.com / Foto . SAÚL MARTÍNEZ EFE
