El Parlamento de Francia avaló por amplia mayoría esta semana la llamada “Ley de confianza en la vida pública”, con la que se pretende aplacar el malestar ciudadano con el mal uso y abuso de sus cargos que han cometido importantes políticos. La nueva legislación regirá el comportamiento de los funcionarios electos e incluye el fin de la “reserva parlamentaria”, un fondo financiero que tanto diputados como senadores distribuían entre las comunas y asociaciones como estimara conveniente.
La norma es una promesa de campaña del ahora Presidente Emmanuel Macron, debido a que la contienda estuvo marcada por varios escándalos. El más conocido fue el que afectó al candidato de derecha François Fillon, quien se hundió en las encuestas y no logró pasar a la segunda vuelta presidencial. Eso, después de que la prensa asegurara que su esposa Penélope y sus hijos habían cobrado durante años sueldos como ayudantes parlamentarios, pese a que no había registro de su labor en el Legislativo.
Con la nueva ley, funcionarios, ministros, diputados y otros cargos de representación local no pueden contratar a su cónyuge, pareja, padres o hijos. Y si son descubiertos, enfrentan una pena de tres años de prisión y 45.000 euros de multa e, incluso, en algunos casos, la devolución de la suma pagada.
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