La Comisión Europea ha recomendado a Italia poner en orden sus cuentas, disminuir la deuda pública y recortar el déficit para 2014. Esto quiere decir, en resumen, un recorte de 45 mil millones para la fecha indicada. No se trata de imponer la austeridad a Italia y a Europa, dice Bruselas, pero “la insostenibilidad de las finanzas públicas está limitando nuestro potencial de crecimiento.”
Volvemos ahora al viejo e irresoluto dilema: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Primero reducir el gasto como condición para volver a crecer, o hacer crecer de inmediato la economía para abatir la deuda?
La Comisión pone siempre en primer lugar la reducción del presupuesto si fuese el tapón para cerrar la creciente deuda pública. Es la deformación histórica de considerar todo como costos, ya sean los intereses pasivos, el gasto corriente y las inversiones.
Nosotros creemos que debe ser el crecimiento de la economía el que “guíe” el saneamiento de las cuentas. Sostenemos que el freno del rigor se puede retirar sin afectar negativamente el crecimiento productivo del país, el nivel de vida de la población y el derecho al trabajo. Puede parecer una herejía, pero no lo es.
Se pueden ahorra entre 10 y 15 mil millones de euros con el recorte a costa de la política, a partir del financiamiento público de los partidos y de las gratificaciones más que escandalosos de los funcionarios públicos y de una reforma fiscal que reduzca la alícuota sobre todo de los réditos bajos y medios, racionalizando y reduciendo las entidades públicas, estandarizando los costos en salubridad y en los ministerios por efecto del federalismo y de la información digital. Se pueden y se deben recuperar miles de millones de euros de la evasión fiscal, del fraude y de la economía delictiva. ¡Los grandes evasores son todavía demasiados!
No es necesario vender las “joyas de la familia” para tapar el agujero de la deuda. La experiencia de las privatizaciones realizadas a partir de 1992, mientras la lira se encontraba bajo el ataque de la especulación internacional, ya se conoce y debería haber enseñado algo. Las privatizaciones no son un mal, pero son un proceso delicado y complejo con los que no hay que jugar en momentos de dificultades y de crisis. Los buitres siempre están listos para beneficiarse.
Desde hace algún tiempo se habla también de vender parte de las reservas de oro de la Banca de Italia para abatir la deuda pública. Se quiere enajenar un bien con un valor real a cambio de una ilusión numérica momentánea de mejoramiento de nuestra situación deudora.
Para nosotros, en cambio, uno de los problemas de fondo del sistema económico italiano es la falta de un instrumento institucional capaz de crear y asegurar crédito para las inversiones, para la modernización y para el progreso. No faltan ni los recursos ni la capacidad.
Se piensa que a fines de 2010 el Banco de Italia detentaba reservas áureas de 2,412 toneladas con valor de 83 mil millones. Hoy serían cerca de 90 mil millones. Antes que venderlas, una parte de este tesoro podría proporcionar el capital de base para una “Fondo Nacional de Inversión” con el fin de proporcionar crédito a tasa de interés baja y a largo plazo para proteger las inversiones en infraestructura ligera (investigación, instrucción” y pesada (transporte, agua, liquidación de desperdicios), de modernización industrial y tecnología para fomentar, sin perjuicio del ambiente, intervenciones en la energía limpia.
Como en la parábola de los talentos, dicho oro se pondría a interés. Crearía actividad productiva, riqueza, trabajo e ingresos fiscales para el Estado, que podría utilizarlos también para reducir la deuda.
Desde este punto de vista, la Caja de Depósitos y Préstamos se pudiera reformar y orientar para poner a interés la “gran reserva de ahorros” de los ciudadanos italianos. Son más de 210 mil millones ¡provenientes del ahorro postal! Una parte pequeña ya está destinada al sostenimiento de las industrias pequeñas y medianas y al financiamiento de las obras públicas de las entidades locales. El resto constituye una garantía de las cuentas del Estado en situaciones de emergencia.
Se podría poner a interés una parte de eso, no para reducir un 1-2 por ciento de la deuda pública del país, sino para crear un fondo “equity” específico (20-30 mil millones de euros) destinados a las inversiones en infraestructura y para el progreso en grado de solicitar también la participación privada.
