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Siempre amparado en los mecanismos supranacionales de poder para imponer presiones a Brasil, el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), una entidad de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), convertida gracias a la teología de la liberación marxista en una de las puntas de lanza del cabildo indigenista internacional presentó, en el marco de la trigésima novena sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una denuncia contra Brasil por el “riesgo de genocidio” de diferentes pueblos indígenas. Las denuncias que se presentan carecen de comprobación, por ende la defensa de los derechos humanos de los indígenas se usa como un pretexto ideal intervencionista.
En la sesión, realizada el 14 de septiembre, la entidad pidió tomar medidas contra lo que considera “violaciones practicadas a los pueblos indígenas que corren el riesgo de total extinción, como es el caso de los grupos aislados”, Para reforzar el llamado, el Cimi presentó un conjunto de números amañados y enmarañados que dizque “revelan la masacre de las comunidades, sin perder de vista que en el último siglo la población indígena pasó de 4 por ciento a tan sólo 0.4 por ciento en Brasil, según el censo de 1872 y de 2010 (sic) respectivamente.”
Además la entidad presentó un cálculo rupestre del número de indígenas supuestamente “masacrados” en Brasil desde el siglo XIX. Flavio Vicente Machado, uno de los integrantes de la delegación, explica que en el censo de 1872 el número de indígenas fue de 384 mil personas, que vivían en el entorno de las parroquias, unidad poblacional utilizada en la época. Según él, el censo de aquel año no contó, obviamente, a la gran mayoría de los pueblos que estaban aislados en las selvas.
Agregó, “sin embargo, en el censo de 2010, no sólo hubo la mayor cantidad de pueblos contados en los últimos 138 años, sino que también consolida el elemento de la autodeclaración. Este es el dato aterrador porque apenas si representan 0,4% de la población brasileña (817 mil). Es obvio que existen varios factores relacionados con estos datos generales; al comparar los datos absolutos se constata que en 1991, la población de la época era de 294 mil personas. O sea, casi 100 mil menos que hace 120 años. A grandes rasgos, Brasil asesinó casi mil indígenas por año, entre 1872-1991.”
Sin negar los conflictos y los homicidios de indígenas, tan víctimas de la violencia endémica como el resto de la población brasileña, ese “cálculo” es completamente falaz, pues indica que la reducción de la población indígena se debió tan sólo a los asesinatos, a pesar de que él mismo admite la existencia de “una serie de factores relacionados a estos datos generales.”
Entre estos factores se podría incluir la impropiedad de comparar levantamientos hechos con métodos y recursos diferentes, los efectos de la autodeclaración de los censos más recientes, el efecto de las enfermedades, el mestizaje que lleva a mucho a no considerarse indígenas “puros” y varios otros. Al final, las investigaciones genéticas muestran que más de 50 millones de brasileños, casi un cuarto de la población, descienden de indígenas por linaje materno.
De la misma forma, los indigenistas tienen el hábito de ocultar que la gran mayoría de los asesinatos de indígenas tienen como agentes a otros indígenas, muchas veces, en peleas causadas por el consumo de bebidas alcohólicas, disputas entre vecinos, conflictos familiares, robos y otras causas.
Un ejemplo es el informe divulgado por el mismo Cimi en 2014, referente al año anterior, en el que listó 53 asesinatos de indígenas en todo el país, de los cuales tan sólo seis fueron a causa de conflictos de tierras.
El índice medio de poco más de un homicidio por semana, si se toma una población registrada de 896 mil personas, fue considerablemente inferior a la violencia experimentada por el resto de la población nacional -56 mil homicidios, media de 1.074 por semana, entre 201 millones de habitantes, descontados los indígenas, resulta en seis muerte por 100 mil, entre los indígenas, y 28 por 100 mil en el resto de la población.
Para rematar las falacias el Cimi recomendó crear una Comisión específica para “investigar las masacres de poblaciones indígenas, demarcación de los territorios, reconocimiento oficial estatal de las violaciones estatales, como forma de reparación y de no repetición.”
La recomendación se inspira en la Comisión Nacional de la Verdad instaurada en Brasil de 2011 a 2014 en el gobierno de la presidente Dilma Rousseff del Partido dos Trabalhadores (PT), para castigar a oficiales de las Fuerzas Armadas culpables de violar derechos humanos. El espíritu revanchista fue evidente ya que al terminar el periodo de los gobiernos militares comenzó a vigorar una ley de amnistía.
