Mouris Salloum George*
Si hacemos cuentas del periodo de transición democrática en México, de 1997 hasta 2012, encontramos que en 15 años el Producto Interno por cabeza sólo creció en promedio anual 1.1 por ciento.
Si el salario remunerador y su poder adquisitivo son condiciones indispensables para mantener la gobernabilidad democrática, ¿por qué este imperativo no ha sido puesto a caballo hasta la fecha?
Antes de que se emprendiera en 2006 la improvisada guerra contra el crimen organizado ya se presentaban señales de ruptura del tejido social.
Ampliando el periodo analizado a partir de 1997, el registro nos informa que se habrían expedido casi mil 660 mandatos legislativos en diversas materias, derivados muchos de ellos de incesantes revisiones a la Constitución General.
Con Peña Nieto, 551 decretos legislativos
Un análisis reporta que, durante los primeros veinte meses del periodo de Enrique Peña Nieto (sexenio de los máximos históricos, según dice el discurso oficial), se procesaron 58 modificaciones a la Carta fundamental, 81 a las leyes secundarias y se promulgaron tres nuevas. A enero de 2018 se hablaba ya de 551 decretos legislativos publicados.
Esa obra legislativa se atribuye en su mayor parte al Pacto por México, al que concurrieron el PRI, el PAN y el PRD.
Respecto de lo planteado en los dos primeros párrafos de esta entrega, se pudo pensar que la proposición de un México incluyente daría respuestas satisfactorias a las mayorías mexicanas.
Antes que esa proposición, el primer eje rector del programa de gobierno de Peña Nieto fue Por un México en paz.
En el listado de las once políticas públicas prioritarias de Peña, la primera nombrada es la laboral; la última, sobre transparencia.
Salvo como efecto contingente, el México en paz no aparece expresamente.
Compulsión legislativa en grado de epilepsia
El cuadro descrito nos revela una compulsión legislativa en grado de epilepsia. Será por esto que los resultados tangibles para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática no se ven reflejados en la realidad actual. ¿Falló la ejecución de los mandatos legislativos?
El asunto nos viene a tema porque ayer, en una enésima convivencia del Comandante supremo con los mandos de las Fuerzas Armadas, la participación de éstas en tareas de seguridad pública fue de nuevo abordada por el orador principal.
Peña Nieto, a diez días de entregar la banda presidencial, lo demandó de esta manera: Dar la certeza necesaria a la actuación de las Fuerzas Armadas.
En lo cual se está de acuerdo, como se está en la percepción: Existe un vacío legal que debe ser subsanado, expuso el Presidente.
Es obvio que Peña Nieto arroja el clavo ardiente a la próxima administración, cuyas iniciativas en favor de la pacificación, dicho sea de paso, ya están siendo impugnadas por el PRI en el Congreso de la Unión.
El vacío legal al que se refiere Peña Nieto afecta, pues, la actuación de las Fuerzas Armadas y, dado el marco de su reconocimiento, se asocia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se considera inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, cuya ejecución quedó en suspenso desde diciembre de 2017.
Nos parece pertinente exponer una observación: Puesto sobre rieles el Pacto por México, nunca como en este sexenio en Los Pinos se había observado la simbiosis acción legislativa-acción ejecutiva por un mismo poder.
No nos referimos expresamente al acto de iniciar leyes, sino de imponer sobre sus iniciativas el control del Poder Legislativo para su votación afirmativa.
No colaboración entre poderes: suplantación
Así lo hizo durante cuatro años la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Hubo momentos en que las comisiones de dictamen recibieron el proyecto desde Los Pinos con todo y dictamen.
En otros casos, las comisiones de dictamen, generalmente presididas por legisladores priístas, enviaron sus anteproyectos de dictamen a consulta del consejero jurídico.
¿Dónde encontramos entonces la responsabilidad del desapego, por no decir el desacato a la Constitución y sus procedimientos legislativos, según se desprende de la sentencia de los ministros de la Corte? No vale la conseja: Fuente ovejuna.
Lo que nos deja el sexenio que termina es una crisis de gobernabilidad. Si no, ¿cómo hablar de vacíos legales?
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
