Bernardo Méndez Lugo*
Cuando se dieron las privatizaciones de empresas estatales en México durante el gobierno del presidente Salinas (1988-1994) escribí en El Financiero (era editor Joel Hernández Santiago) un largo artículo (no cuento con copia) sobre las graves irregularidades de dichas privatizaciones.
En dicho ensayo contrasté los lineamientos mínimos que aconsejaba la revista Finanzas y Desarrollo ( Finance & Development) del Banco Mundial y el FMI para llevar a cabo privatizaciones exitosas y congruentes con el interés nacional de los países que privatizaban en esa época y cada uno de las recomendaciones del BM-FMI no se cumplieron en las privatizaciones realizadas en México.
No creo que dichas recomendaciones hayan sido un paradigma inalcanzable o la “varita mágica” de las privatizaciones exitosas ya que se partía de la idea en boga de que el estado era mal administrador y debía deshacerse de sus empresas.
Dicha idea o paradigma sigue siendo dominante en muchos círculos de gobierno en México y en el mundo. El gran problema con las privatizaciones en México es que la mayor parte de las empresas estatales se malbarataron, muchas de las licitaciones fueron amañadas y sin transparencia, en la mayoría de los casos los gobernantes tuvieron intereses creados para favorecer a ciertos compradores, en algunos casos los compradores no tenían experiencia alguna en el ramo de la empresa estatal que compraban, algunas empresas que deberían haber mantenido un criterio de servicio público rentable se encarecieron en mercados monopólicos o oligopólicos y permitieron un enriquecimiento extraordinario de los beneficiarios de dichas privatizaciones incluyendo a los propios funcionarios del gobierno en turno que ahora son exitosos empresarios.
Los parámetros para medir la eficacia de las privatizaciones fueron basados en matrices de competencia, costo-beneficio y análisis que se contrastaban con la ineficaz administración del estado pero los economistas simpatizantes de las privatizaciones nunca cuestionaron la manera y forma en que la burocracia gobernante se benefició del manejo de información privilegiada y como se vendieron las empresas estatales y para beneficiar a quien.
No debemos olvidar que en los diversos tiempos de privatizaciones los funcionarios indistintamente del PRI o PAN, abusaron de su posición de poder en el manejo de información privilegiada para beneficiarse y beneficiar a sus íntimos y socios ocultos del sector privado.
Por favor ! Que ahora no nos quieran vender la idea de que son “personas respetables” y que defienden “ el desarrollo nacional y la modernización del país” . #BastaCorrupción disfrazada de “detonación de empleos” y “obras magnas”. Los mexicanos sabemos quienes son, como actúan y como trabajan.
Un gobierno digno a partir del 1 de diciembre de 2018 debería expropiar los bienes mal habidos de esta casta de embusteros corruptos. No deseo dar nombres. Todos los mexicanos sabemos quienes se han beneficiado con las privatizaciones de empresas estatales y quienes en el gobierno (no solo en sexenio 1988-1994) y todos los que han seguido sin distinción de partido, se han beneficiado de información privilegiada para hacer negocios y asociarse con empresarios nacionales y extranjeros (incluyendo bancos, líneas aéreas y energéticos) entre muchas otras áreas.
Además de privatizaciones que debilitaron el patrimonio estatal y la capacidad de gestión del estado existe otra práctica maligna muy enraizada: el contratismo y subcontratismo en todas sus formas. No solo funciona en la obra pública y construcción de infraestructura. A pesar de existir procedimientos para licitación casi todo lo que sector gobierno lícita sea federal, estatal y municipal no es transparente y existe simulación para beneficiar a empresarios favoritos o empresas de familiares o donde el propio funcionario es socio oculto de la “empresa ganadora” del concurso.
Esta plaga se consolidó a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) y se convirtió en práctica general de todos los gobiernos sin importar signo político: utilizar información privilegiada y poder político para enriquecerse y enriquecer a socios, amigos y familia.
Este sistema se debe desmontar y de ser posible que un comité nacional de personas intachables determinen la necesidad de llevar a cabo expropiaciones de empresas beneficiarias de distintas maneras por contratismo e investigar a fondo los vínculos empresariales entre políticos y ex políticos ahora prósperos empresarios.
Un presidente de la República que impulse un cambio genuino debe iniciar el desmantelamiento de todo esta estructura de prebendas y corrupción. En muchos casos, los responsables de enriquecimiento ilícito deberían ir a la cárcel y por el bien de la Nación, llevar a cabo una reforma legal que permita recuperar bienes y propiedades al patrimonio nacional, enriquecimiento que se hizo en violación al mandato constitucional que tuvieron o aún tienen cuando juraron servir al país.
Obviamente que los empresarios beneficiados con las distintas modalidades de contratismo y simulaciones también deben ser castigados.
*Diplomático en retiro y académico fundador de UAM-Xochimilco
