La Contraloría de la Ciudad de México dio a conocer que ya terminó la investigación sobre los contratos y adjudicaciones directas que la Secretaría de Finanzas hizo a empresas para recuperar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a empleados de la ciudad. Por estos trabajos, dichas empresas tuvieron ganancias cercanas a los mil millones de pesos.
Hace unas semanas, el programa En Punto informó que una de estas empresas era fantasma. Hoy tuvo acceso a los resultados de esta investigación, que se enviarán a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fin de que determine las responsabilidades penales de los involucrados.
A continuación, los resultados de la investigación:
La Contraloría de la Ciudad de México concluyó que la contratación de empresas por parte de la Secretaría de Finanzas para recuperar el ISR de los trabajadores del gobierno capitalino “no era necesaria” ni “procedente” en al menos tres de las adjudicaciones directas que se hicieron.
Por ello, al menos 20 funcionarios que integraron la junta de la Dirección General de Administración, que avaló las contrataciones y pagos, presuntamente cometieron diversas irregularidades. Entre ellos están Néstor Rafael Abreu Cruz, director general de Administración, y quien fungió como presidente suplente de la Secretaria de Finanzas, Julieta González; el director de recursos materiales, Roberto Carlos Guzmán Olvera; el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Ricardo Ríos Garza; la subsecretaria de Planeación Financiera, Berenice Guerrero Hernández; el subsecretario de Egresos, Hedilberto Chávez Gerónimo; el procurador fiscal del gobierno de la ciudad, Alejandro Ramírez Rico; el director de Recursos Financieros, José Martín Monroy Gil, entre otros funcionarios.
La Contraloría capitalina determinó que la Dirección General de Administración no observó que ellos tenían facultades para realizar los servicios que contrataron a terceros y por los que pagaron el 20 por ciento de los montos reclamados a la Secretaría de Hacienda, lo que repercutió en ganancias por casi mil millones de pesos, en tres contratos.
La Contraloría sostiene que “no se dio cumplimiento a realizar adquisiciones de manera racional, óptima y eficiente”.
Al consultar a la Secretaría de Hacienda, la Contraloría descubrió que el 26 de julio de 2017, el gobierno federal depositó a la Secretaría de Finanzas capitalina poco más de mil tres millones de pesos, es decir, la devolución ocurrió cinco meses antes de que autorizaran la contratación de una empresa para reclamar el ISR. Otros dos depósitos se hicieron entre marzo y abril de 2018, por más de dos mil millones de pesos,
Es decir, cuando se adjudicaron los contratos, la Secretaría de Hacienda ya había depositado los recursos que, en teoría, el gobierno iba a reclamar.
La Contraloría investigó cuál fue el destino de estos recursos y la Secretaría de Finanzas informó que se habían utilizado para diferentes programas sociales y para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre, sin embargo, la Contraloría no encontró elementos para comprobar esta justificación.
