El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica se dio a la tarea de resolver que Arturo Javier Solano Andalón y Morayma Preza Espinoza, empresarios y dirigentes de la industria de la masa y la tortilla, efectuaron una práctica monopólica absoluta en el mercado de la producción, distribución y venta de tortillas de maíz en Jalisco.
La comisión especificó que esta práctica anticompetitiva fue propiciada, inducida y tuvo la coadyuvancia de Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de desarrollo rural del estado, por los que también fue objeto de una multa.
La Cofece resaltó que la tortilla es fundamental en la alimentación de las familias en México. Constituye el segundo producto más importante de la canasta básica de la nación en términos de su ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), luego de la carne de res.
El 11 de febrero de 2017 Héctor Padilla, Secretario de Desarrollo Rural (Seder) del gobierno de Jalisco, se congregó con él y con Morayma Preza, Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Industriales, en la que se dio a la tarea de promover la firma de un Acuerdo para establecer un rango de 9 a 14 pesos para el precio de venta al público del kilogramo de tortilla, el cual dieron a conocer el mismo día y públicamente en una conferencia de prensa convocada por el titular de la Seder, pero esto provocó que los consumidores, pagaran un sobreprecio por la conducta de 22 centavos por kilogramo. Así, el daño estimado en este mercado fue de más de 52 millones 627 mil pesos, resultado de multiplicar el sobrecosto por el consumo promedio de tortilla de las familias de Guadalajara, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, fecha en que terminó la investigación.
Conforme al principio de legalidad, el actuar de las autoridades tiene que apegarse a lo que expresamente les está permitido por la Ley. En este contexto, Héctor Padilla habría actuado fuera del ejercicio de sus atribuciones, toda vez que la Seder no se encuentra facultada para manipular el precio de algún bien, por medio del establecimiento de un rango para estos, de manera unilateral o en colaboración con particulares o autoridades.
Derivado de lo anterior, el Pleno de la Comisión impuso multas a los participantes del Acuerdo ilegal que en conjunto constituyen un total de 394 mil 508 pesos, las cuales se definieron en función de la capacidad económica de cada uno de los sancionados, con base en los ingresos que reportan ante el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, el Pleno ordenó informar de esta resolución a la Contraloría del Estado de Jalisco, así como a los titulares y los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para los efectos legales a que hubiere lugar. Foto: Noticias Acapulco News
Fuente: Noticias MVS
