La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedentes las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali contra la ampliación de mandato del gobernador en Baja California, conocida como “Ley Bonilla”.
El acuerdo fue dictado por la comisión de receso de la Corte, integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes indicaron que al no haberse publicado todavía el decreto de reforma a la Constitución de Baja California, el acto no es definitivo.
Esto, debido a que en sus controversias constitucionales ambos municipios reclamaron que no fueron convocados por el Congreso estatal para votar la iniciativa impulsada por Morena en Baja California, por lo que consideraron que el proceso legislativo se realizó de manera ilegal.
“NOTORIA IMPRUDENCIA”
“Se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, señaló la SCJN.
La “Ley Bonilla” es una reforma a la Constitución de Baja California que busca ampliar el mandato del candidato electo de Morena, Jaime Bonilla, como gobernador de dos a cinco años.
El 23 de julio pasado, a puerta cerrada, el Congreso local aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución estatal para aumentar el plazo de la gubernatura.
Con ello, el Congreso debe enviar el decreto para su publicación en el periódico oficial de Baja California, lo que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ya dijo que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma podrá ser publicada por orden directa del presidente del Legislativo estatal.
