La ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán en la que pidió invalidar el decreto publicado el pasado 8 de mayo, al considerar que es contrario a la Carta Magna.
Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar el acuerdo presidencial de militarización de la seguridad pública.
Según los estrados judiciales
El gobierno de Michoacán no solicitó suspender el acuerdo de militarización, razón por la que la ministra no ordenó abrir incidente de suspensión ni frenar la ejecución del mismo.
La ministra Ríos Farjat tiene pendiente la tramitación de otras dos controversias constitucionales presentadas por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en la que no ha emitido ningún acuerdo; y el municipio de Colima, que debe aclarar su demanda, precisa El Universal.
