El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, con lo que el Congreso de la Unión dio cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenaba expedir una legislación que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social antes del 30 de abril.
Luego de seis horas de discusión, durante la madrugada de este jueves, Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva, hizo el anuncio de la aprobación del decreto, que se enviará al Ejecutivo federal.
El Pleno votó, cerca de las 8 de la noche del miércoles, a favor de incorporar al orden del día la discusión de la minuta, enviada por la Cámara de Diputados el pasado 12 de abril, misma que no pudo ser dictaminada en Comisiones por un reiterado empate en votaciones.
Luego de desechar una moción suspensiva presentada por la senadora sin partido Martha Tagle, el proyecto se sometió a discusión en lo general.
EN TRIBUNA
María Verónica Martínez Espinoza, senadora del PRI, explicó que con la Ley de Comunicación Social “se evitará el uso de recursos públicos para la construcción de campañas políticas a través de los mensajes gubernamentales”.
La oposición, que desde Comisiones había externado su desaprobación al proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados, reiteró a través de la senadora Dolores Padierna que se permitirá que los recursos públicos se ejerzan “como si fueran propiedad de los funcionarios en turno”.
José A. Orihuela Bárcenas, senador del PRI, respondió que la Ley General de Comunicación Social “propone topes de gasto en publicidad oficial y hay sanciones para quienes los incumplan, ya que la revisión y fiscalización de los recursos […] se efectúa a través de la Auditoría Superior de la Federación”.
Cerca de la medianoche la ley se aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención.
De los 53 artículos de la ley se reservaron 31, lo que prolongó la discusión hasta cerca de las 2 de la mañana.
REGLAMENTAR MODELO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL
La Ley General de Comunicación Social tiene por objeto reglamentar el modelo de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La ley también establece que la Secretaría de Gobernación administrará el uso de los tiempos del estado y de los tiempos fiscales e incluye el establecimiento de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, la obligación de elaborar y presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados sobre el gasto de publicidad.