Funcionarios de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) reconocieron ante diputados y senadores que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional que el traslado de Joaquín Guzmán Loera, (a) “El Chapo” del Penal del Altiplano, en el Estado de México, al Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, en Chihuahua, se trató de un tema de seguridad nacional.
El senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que existe un riesgo real de que Estados Unidos quisiera quedarse con el dinero de las incautaciones realizadas al narcotraficante.
No obstante, el senador Alejandro Encinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que además de la extradición, existe un tratado entre México y Estados Unidos respecto a cómo se administran y distribuyen los recursos que se confisquen derivados de actividades delictivas para estos casos, y se decide en proporción a la intervención de cada gobierno en la detención del delincuente.
Los bienes del capo, estimados entre mil y diez mil millones de dólares, deben quedarse en nuestro país toda vez que su detención se dio por el trabajo de las instituciones mexicanas.
Funcionarios de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) reconocieron ante diputados y senadores que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional que el traslado de Joaquín Guzmán Loera, (a) “El Chapo” del Penal del Altiplano, en el Estado de México, al Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, en Chihuahua, se trató de un tema de seguridad nacional.
