El Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México informó que en el juicio de amparo 27/2016, promovido por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, consistentes en la orden de extradición y su ejecución, determinó sobreseer con base en la inexistencia de la autoridad señalada como responsable y de los actos reclamados.
Ello, en virtud de que el promovente señaló a la “Procuradora General de Justicia en México”, como autoridad responsable, misma que resulta ser inexistente y, por tanto, tampoco puede existir la orden de extradición reclamada.
La resolución destaca que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando las autoridades responsables niegan su existencia, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar lo contrario.
QUEJOSO NO APORTÓ PRUEBAS
Refiere que el Director de Amparos A, en ausencia del Secretario de Gobernación; el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Relaciones Exteriores, al rendir su informe justificado negaron la existencia de la orden de extradición, sin que el quejoso hubiese aportado prueba eficaz que desvirtúe tales negativas.
La demanda de amparo fue presentada el pasado 12 de enero de 2016, en la que el quejoso argumentó que sus derechos humanos trasgredidos conforme a los artículos 1, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
