Rodil Hernández, director general de Centros Penales de El Salvador, confirmó la celebración de una fiesta nudista en un penal del país en 2012, y afirmó que el Gobierno entregará información a la Fiscalía para efectuar las investigaciones.
El funcionario reveló a la prensa que entre el 24 y 25 de septiembre de 2012, ingresaron tres “bailarinas” y una discoteca móvil a la cárcel.
Esta declaración, surge ante la polémica generada por un vídeo difundido por medios locales, donde se observa a tres mujeres bailando desnudas entre decenas de pandilleros.
La fiesta organizada en el Penal de Izalco, aparentemente fue permitida por las autoridades, en el contexto de una tregua entre las pandillas en 2012, a cambio de disminuir el número de homicidios entre pandillas rivales. Entonces, Nelson Rauda estaba al frente de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), y Mauricio Funes era presidente de El Salvador (2009-2014).
Hernández, comentó: “Este resultado preliminar de la investigación interna (…) está siendo remitida al ministro de Justicia y Seguridad (Mauricio Ramírez Landaverde) y mañana, a primera hora, se va a certificar para ser enviada a la Fiscalía”.
Asimismo, dijo que la discoteca móvil usada durante el festejo, intentó ingresar en mayo de 2009 a la misma cárcel, sin embargo, los custodios penitenciarios detectaron drogas en su interior y capturaron a tres personas.
Puntualizó que su “actuación como funcionario se rige por los lineamientos establecidos por el actual Gobierno, de rechazo a estas acciones y desacuerdo con beneficios a los privados de libertad que puedan reñir con la ley”.
Hernández, no explicó si este hecho se relaciona directamente con la supuesta negociación entre el Gobierno y las pandillas, pero dijo que no tuvo conocimiento de lo ocurrido, aunque entonces, se desempeñaba como subdirector de la DGCP: “Estos hechos nunca pasaron por el conocimiento del actual director de Centros Penales, pues la dinámica funcional en ese momento establecía un línea directa entre el director general, el inspector general y los directores” de cada cárcel.
Tras la polémica generada por el vídeo, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó la remoción de Hernández, así como de David Munguía Paye, entonces ministro de Seguridad y actual titular de Defensa; y de Ricardo Perdomo, superintendente del Sistema Financiero, quien se desempeñó como director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) entre 2009 y 2013, y ministro de Justicia y Seguridad entre 2013 y 2014.
A principios de febrero, cuando Mauricio Funes fue citado por la Fiscalía para rendir declaraciones sobre la vinculación de su Gobierno con este armisticio -tregua-, el ex presidente negó que haya beneficiado a líderes de pandillas encarcelados con una disminución de los homicidios como moneda de cambio.
Funes, declaró ante la prensa: “No hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas, el pacto fue entre dos pandillas rivales (Barrio 18 y Mara Salvatrucha); el Gobierno lo único que le dio fue seguimiento” y “acompañamiento”.
