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Mario Lettieri y Paolo Raimondi (MSI Informa)
La devastación y la pérdida de tantas vidas humanas debido a los desastres naturales que repentinamente llegan a territorio italiano, naturalmente, desata fuertes emociones, suscita una solidaridad generalizada e incita a los propios gobernantes a mostrar empeño. El reciente terremoto ocurrido en la región central del país volvió a provocar los mismos efectos.
En verdad, el compromiso con la seguridad anti-sísmica es un viejo problema que afecta gran parte del territorio italiano. La simple reconstrucción de las zonas afectadas y la reestructuración antisísmica en todo el territorio nacional abarcaría nada menos que 12 millones de viviendas con inversiones del orden de 100 mil millones de euros.
Si se añade a la lista las impostergables obras geotécnicas de protección contra inundaciones, deslizamientos de tierras y otros tipos de desastres, sería necesario adicionar por lo menos 40 mil o 50 mil millones de euros. Según el departamento de estudios de la Cámara de Diputados, en los últimos 48 años, se gastaron cerca de 121 mil millones de euros, solamente en lo que fue la reconstrucción de lo que fue destruido por los terremotos.
Sin duda, se trata de valores importantes, especialmente, si tomamos en cuenta los costos de las pérdidas de vidas y de la destrucción de propiedades y riquezas causados por varios cataclismos.
Obviamente, en estos casos el papel de Estado es insustituible. Garantizar la seguridad de los ciudadanos no es tarea del libre mercado, sino del Estado.
Por esto, es crucial que las inversiones para la reconstrucción y la seguridad del territorio sean excluidas de los estrechos parámetros de austeridad del Tratado de Maastricht, como lo defendió recientemente el presidente del Consejo de Ministros, Mateo Renzi. La dimensión de las inversiones necesarias no puede ser atendida por una simple flexibilidad presupuestaria.
EN NUESTRA OPINIÓN
El Estado podría emitir “obligaciones para la reconstrucción” específica, a fin de crear recursos dedicados exclusivamente a la realización del programa necesario de inversiones. La Caja de Depósitos y Préstamos (CDP, siglas en italiano) podría encargarse de la operación, para que semejantes recursos no sean incorporados a la deuda pública.
De hecho, la propia Alemania usa para este propósito su gigantesco banco de desarrollo KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), con activos de más de 500 mil millones de euros, el cual siempre fue mantenido fuera del presupuesto del estado y, en la pos-guerra, ha sido el motor del de la reconstrucción y el desarrollo de la economía alemana.
Tal opción se justificaría, porque, como se sabe, la deuda resultante estaría estrechamente vinculada a políticas de desarrollo, construyendo no solamente viviendas seguras, sino también generando producción, empleos y aumento en la productividad y en la recaudación fiscal. Así, la propia deuda inicial sería parcialmente pagada con la generación de nuevas riquezas.
A los inversionistas con tales títulos, podría extenderse la garantía del Estado hasta el valor de 100 mil euros, como ocurre con los depósitos bancarios, lo cual sería un fuerte incentivo para los títulos. Y es importante que estos títulos sean de largo plazo –por lo menos diez años- con capital nominal garantizado y los intereses bajos, pero superiores a la actual tasa cero.
Un segundo instrumento para apoyar las inversiones mencionadas, podría ser algo similar a ciertos contratos de seguros de vida. El inversionista pagaría una cantidad a intereses fijos, que quedaría boqueada por un cierto período de años. En la maduración del título, iría directo a un reembolso del capital invertido además de los intereses o una renta proporcional.
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“SEGURO SOBRE LA ESTABILIDAD TERRITORIAL”
En este caso, no habría ninguna emisión de obligaciones, sino un “seguro sobre la estabilidad territorial”. Este instrumento podría ser generado también por la CDP. Para apoyar semejantes “pólizas de seguro”, el Estado podría, igualmente, ofrecer una garantía de hasta 100 mil y otros posibles incentivos.
Por desgracia, los gobiernos prefieren crear una deuda anónima, en vez de mirar los sectores específicos de intervención, pues, de esta forma, pueden administrar la situación como bien la entienden, inclusive, para cubrir otros hoyos presupuestales.
Sin embargo, el proyecto que debería estar sobre la mesa para ser la base de garantizar una seguridad territorial representa un gran reto, pero también una oportunidad para planear y dirigir la economía de una forma diferente del pasado, compatible con la defensa de la naturaleza y del medio ambiente.
Es claro que los controles de calidad, transparencia y respeto de las reglas son fundamentales para el éxito de proyecto, así como la participación de la población interesada.
