La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que se corre el riesgo de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad se vuelva permanente, violentado la Constitución.
Al señalar que se mantendrá vigilante de las acciones de seguridad que realicen los militares, la CNDH señaló que el Acuerdo por el cual se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, es insuficiente.
Añadió que la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública debe estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Ni en el artículo Quinto transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, así como tampoco en la Ley del Uso de la Fuerza, ni en la Ley de la Guardia Nacional, se establece, claramente, qué se debe entender respecto a dichos términos, configurando una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos, espetó.
CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN
Aseveró el organismo que podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, “hecho que es contrario a nuestra Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en la materia”.
La CNDH puntualiza que reconoce los esfuerzos desplegados en los últimos dos años, pero preocupa la adecuada y suficiente formación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto y protección de los derechos humanos. No basta con una declaración o una afirmación.
Hemos de recordar que el Estado Mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura.
Y el Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos, finalizó.
