En plena época electoral, la Cámara de Diputados se dio a la tarea de avalar un decreto para que se pueda castigar a quien injurie por medios electrónicos. Lo que podría significar una nueva “Ley mordaza”.
Por unanimidad, el Congreso se dio a la tarea de avalar modificaciones a la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal, donde fundamentalmente se buscan frenar los ataques a la moral y “discursos de odio en Internet”.
Con la reforma, “estarán sujetos a la reparación del daño moral quienes comuniquen a través de cualquier medio tradicional o electrónico, hechos ciertos o falsos que puedan causar deshonra, descrédito, perjuicio, o exponer al desprecio de alguien”.
En la redacción anterior de dicho artículo no estaba incluida la frase: “a través de cualquier medio tradicional o electrónico”.
A consideración de los diputados, ampliar la definición permite incluir a las nuevas herramientas electrónicas que pueden usarse para hacer “ciberbullying” o cometer actos de discriminación o afectación.
El decreto indica que “la libertad de expresión debe privilegiarse respecto de otros derechos”; sin embargo, acota, al igual que todo derecho, no es de carácter absoluto, sino que encuentra su límite en el derecho al honor y a la imagen.
También añade que el derecho a la propia imagen se encuentra indisolublemente ligado a la individualidad de la persona, puesto que deriva de la dignidad de la misma.
“El individuo tiene derecho de decidir, en forma libre, su propia imagen sin importar si se trata de una figura pública o no, puesto que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con consentimiento”, indica.
“O bien con el de sus representantes o, en todo caso, por los titulares de los derechos correspondientes, a no ser que sea en eventos públicos o con fines informativos o periodísticos, en cuyo caso sí existe el elemento del interés público”.
La iniciativa, que se turnó al Senado para su revisión, fue propuesta por el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del PRI. Los motivos que expuso el legislador fue, “la necesidad de regular los ‘excesos’ de la libertad de ideas y de expresión, con límites precisos en las leyes reglamentarias”.
“La legislación contra el discurso de odio debe discurrir por una vía distinta a la del prohibicionismo o la censura, tiene que fijarse a través del panorama normativo para la creación de una cultura de paz, respeto mutuo y valoración positiva de las diferencias”, planteó el priista.
“En cuyo contexto las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil desalienten y sometan a revisión crítica las expresiones que incitan al odio”.
