Un día luego de que se cumpliera el plazo impuesto por un juez federal de San Diego, para que el gobierno de Estados Unidos reunificase a las familias de migrantes que separó, varias organizaciones proinmigrantes demandaron a la Administración Trump que diga qué va a pasar con los más de 700 niños que no han sido devueltos a sus padres, ya que estos adultos fueron calificados de “no elegibles” para la reunificación.
“Ellos dicen que esos padres no son elegibles por su historial criminal, pero no revelan si esos delitos se produjeron en sus países de origen, si son faltas menores o se trata de una sanción por entrada ilegal reiterada”, explicó Efrén Olivares, director de Justicia Racial del Texas Civil Rights Project (TCRP).
“Caos del gobierno”. El abogado ahondó en esta problemática ante el “caos” del gobierno que, en su opinión, desde el principio nunca tuvo un plan para la reunificación y ha provocado que, del total de 711 niños, que siguen separados de sus padres y confinados en centros de detención, 431 de ellos se encuentren en un “limbo” legal, ya que sus padres han sido deportados a sus países de origen.
“Es una buena pregunta para el gobierno, que es el que tiene que aclarar los motivos que le han llevado a clasificar a los padres deportados como ‘no elegibles’, no sabemos cómo van a solucionar esta diferencia”, detalló Olivares en una conferencia de prensa.
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), explicó en un comunicado que han presentado declaraciones juradas ante los tribunales en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.
Deportación masiva. La alegría de la mayoría de familias reunificadas duró apenas un día. El gobierno de Trump, acusado de crueldad por arrebatar niños a sus padres y humillado por el juez Dana Sabraw que ordenó la reunificación, anunció ayer que unas mil familias cuentan ya con una orden y una fecha de deportación.
La abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, especificó que los adultos llevan en el tobillo una pulsera electrónica para que no puedan esconderse.
