El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió por carta al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, de que éste será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia a su artículo 155.
Este artículo otorga al Gobierno español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades regionales cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España.
NO CONTESTÓ CON CLARIDAD
Rajoy lamenta “profundamente” que Puigdemont no haya contestado con claridad al requerimiento que le efectuó el 11 de octubre para que precisara si había declarado o no la independencia de Cataluña.
El jefe del Gobierno expone a Puigdemont que aún tiene margen, hasta el jueves próximo, para contestar de forma clara y sencilla.
En una carta enviada hoy a Rajoy, el presidente catalán eludió responder si declaró o no la independencia y le pidió “dos meses” para dialogar y negociar una salida política al contencioso entre la región de Cataluña y España.
“No puedo aceptar en modo alguno -le replica Rajoy- la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina ‘conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña’. Nunca en toda su historia -añade- los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática”.
“LEGALIDAD CONSTITUCIONAL”
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó al presidente de Cataluña a dialogar en el Congreso de los Diputados.
En rueda de prensa, le pidió dar una respuesta “clara” antes del jueves -fecha del segundo plazo del requerimiento citado- para acabar “con la incertidumbre” de los ciudadanos.
Sáenz de Santamaría quiso dejar claro que el artículo 155 de la Constitución española no es para suspender el autogobierno de Cataluña, sino para que se ejerza “de acuerdo con la legalidad constitucional” y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
“Se busca reponer la legalidad, el respeto a los derechos de todos y el ejercicio de la autonomía según parámetros constitucionales y estatutarios”, subrayó.
En un asunto de tan importancia, insistió, sólo se le pide a Puigdemont “claridad”, que no prolongue una “confusión deliberada” que supone un proyecto “empobrecedor” para Cataluña y que “liquida la convivencia cívica”.
“SE NIEGA” AL DIÁLOGO
La vicepresidenta consideró que no es creíble que Puigdemont haga un llamamiento al diálogo cuando “se niega” al debate con la oposición en Cataluña y ha aplicado una política de “hechos consumados” e “imponiendo” sus posiciones.
Así, dijo, tiene la “oportunidad de rectificar, de ser claro y volver a la legalidad” y acudir al Congreso de los Diputados, donde está representado el conjunto de la ciudadanía española, a explicar qué es lo que quiere, pues el diálogo no se exige, “se practica”.
“Mal puede convencer al resto del mundo si no puede explicar por qué no va ni al Congreso”, argumentó Sáenz de Santamaría.
El 10 de octubre, ante el Parlamento regional, Puigdemont asumió “el mandato del pueblo de Cataluña para que sea un Estado independiente en forma de república”, tras el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, que había suspendido el Tribunal Constitucional y que se celebró sin garantías.
Sin embargo, a continuación propuso dejar en suspenso sus efectos para emprender un diálogo con el Gobierno de Rajoy con una mediación.
