No basta reconocer que la economía italiana se ha deteriorado acentuadamente en los últimos meses, tal y como lo admite el recientemente presentado “Documento de economía y finanzas” (DEF) del gobierno. No obstante, sería todavía más preocupante si, ante esta triste y evidente realidad, el gobierno siguiera estando en las nubes, diseminando ilusiones y promesas insustentables.
El Palacio Chigi (sede del gobierno italiano) reajustó la proyección del PIB para 2019, de 1% al 0.2%, mientras el déficit presupuestal crecerá del 2.04% al 2.4%. Estos estimados todavía son muy optimistas y, desgraciadamente, no toman en cuenta los efectos negativos que normalmente acompañan una recesión económica.
Estamos profundamente preocupados con esto, incluso porque la confrontación ideológica y por encima de todo de naturaleza ideológica y electoral, muchas veces, está motivada por venganzas. Reequilibrar el presupuesto del Estado requiere decisiones claras y plazos bien calculados, porque esto se basa en la recuperación de las inversiones, de producción e innovación y empleos, en los sectores de la economía real.
Por lo tanto, mantener a todo costo las promesas hechas durante las campañas electorales puede parecer positivo, pero, en verdad, no es parte de las leyes reguladoras de las tendencias y el desarrollo saludable de la economía, tanto en la teoría como en la práctica. Esto es válido para muchas iniciativas, comenzando por el “impuesto único” citado en el DEF.
Sin embargo esto no pasa de una mera intención
Pero es un error tomar como ejemplo para Italia el modelo de “impuesto único” adoptado en Hungría, el cual sería la razón del buen desempeño de la economía de Budapest. Es oportuno recordar que la reciente recuperación húngara se basa en tres condiciones convergentes: la contribución de la Unión Europea (UE) de 3 500 millones de euros por año (para referencia, el PIB de Hungría es del orden de los 140 mil millones de euros), la intensa participación económica e industrial de Alemania en los países de Europa Central y el bajo costo de la mano de obra húngara, con alta calificación media, lo cual ha atraído considerables inversiones. Ninguna de estas condiciones se encuentra en Italia.
Obviamente, el DEF no contempla aumento de impuestos, sería una glamorosa admisión del fracaso total. Para los próximos meses, sin embargo, el gobierno tendrá que demostrar la manera de equilibrar el aumento de los gastos con menores ingresos. Está claro que, para bien de los italianos, esperamos que sepan la manera de hacerlo, pero no hay duda de que a partir de enero próximo las tasas del IVA podrían subir.
En nuestra opinión, la prioridad debe ser el retomar las inversiones públicas en infraestructura, con apertura efectiva de obras, comenzando por el Sur del país, donde la situación económica y de empleo es desesperada para decir lo mínimo. De acuerdo con varios estimados, además de los recursos recuperables de la enorme evasión fiscal, habría 140 mil millones de euros ya ubicados en los presupuestos de los dos años anteriores para varios proyectos, los cuales, mediante un acuerdo ya en vigor con el Banco Europeo de Inversiones, podrían volverse inmediatamente utilizables. El problema real es la lentitud de la burocracia gubernamental, tanto regional como local y federal.
Según la Asociación Nacional de Empresas (ANCE, siglas en italiano), eso implicaría recursos del orden de 60 mil millones de euros del Fondo de Inversiones y Desarrollo de Infraestructura, 27 mil millones del Fondo de Desarrollo y Cohesión, 15 mil millones de Fondos Estructurales Europeos, etc.
Si el dinero en cuestión pudiera gastarse en un tiempo razonablemente corto, sería palanca para la recuperación económica. Recuérdese que los números del ISAT (Instituto Nacional de Estadística, órgano similar al INEGI) muestran que cada euro de recursos públicos invertido en infraestructura podría generar entre 3 y 4 euros en inversiones directas e indirectas.
El problema es que el Comité Interministerial de Planeación Económica (CIPE) del gobierno, responsable por la gestión de os recursos antes mencionados, no realizó una acción efectiva e incisiva sobre las instituciones y los organismos beneficiarios de los proyectos.
Se necesita acelerar los proyectos de toma de decisiones agilizando el código de compras y, al mismo tiempo, confiar a las autoridades anticorrupción la tarea de prevenir e impedir infiltraciones criminales y sobornos ligados a las obras públicas.
La situación, en su complejidad y urgencia, no puede dejarse a la lentitud burocrática. En su lugar, se necesita de una clara aceptación de responsabilidades por parte del gobierno y de otras instituciones. El país no puede esperar más.
