En la fase consultiva sobre el Tren Maya, la incertidumbre está presente en el pueblo maya. Algunos comisarios ejidales denuncian recibir presiones para impulsar el sí.
Otros no tienen claridad sobre qué implicará para las comunidades uno de los principales proyectos de desarrollo del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 29 y 30 de noviembre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asignaron una tarea compleja a las autoridades ejidales: llevar información sobre los beneficios del Tren Maya a sus respectivas asambleas para regresar el 14 y 15 de diciembre con la anuencia de sus comunidades.
INTROMISIÓN DE EMPRESAS
Así lo corroboró el comisario ejidal de Tenabo, José Rigoberto Huchím Uc, quien en la asamblea informativa cuestionó sobre la intromisión de empresas intermediarias de Fonatur.
“Una compañía contratada por la dependencia gubernamental ha ejercido presión para que los pobladores aceleren las asambleas ejidales en las que se trata el tema del tren.
“Ellos están contratados para hacer estudios de suelo y mediciones pero están brincando a algo que no les corresponde, quieren que hagamos una asamblea convocada cuando no existen los lineamientos”, denuncia Huchím Uc.
Consultora Bya Barrientos y Asociados
El comisario se refiere a la consultora Bya Barrientos y Asociados quienes, aseguró, lo han presionado para que delibere a favor sin realizar la asamblea de ley.
EN CAMPECHE
”Hemos aprendido mucho, se hacen las carreteras federales pero es propiedad del ejido, tenemos que pagar abogado. Ahora crean el tren pero la tierra es de nosotros y nos tienen que pedir permiso para que crucen las vías”, advirtió a las autoridades federales durante la fase informativa.
Al comisario del ejido de Becán, Nicolás Montero Díaz Calakmul, no le queda claro el proceso de consulta indígena, para él lo más importante es que se subsanen las necesidades que atañen a la población.
DIFERENCIAS ENTRE CONSULTAS
Elisa Cruz Rueda, profesora investigadora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, de la Universidad Autónoma de Chiapas, señala que avanzar a la fase deliberativa con una consulta pública de votación en urnas y una consulta indígena genera serias confusiones entre la población y la ciudadanía.
Explicó que la Consulta Pública tiene como finalidad recabar la opinión de la ciudadanía a través de preguntas cortas con respuestas tales como sí, no, no sé, o sobre una ley, o sobre una decisión de uno de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo o judicial), y esa opinión puede o no ser tomada en cuenta por ese poder.
“La Consulta Indígena, en cambio, está regulada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado. En el caso de México, precisó la académica, por el Presidente de la República y el Senado.
“En dicho convenio, están otros instrumentos que deben aplicarse como lo es las opiniones del mecanismo de expertos y los estándares internacionales que se derivan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para México desde 1998”.